La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reclamado que el debate sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones debe estar "vinculado al de la financiación autonómica" y critica que el debate sobre el impuesto de Sucesiones "el PP lo entiende en términos de oportunismo político, no como elemento real de debate".
Asimismo, en comisión parlamentaria, la consejera ve "injusto" para las comunidades que "los debates de fiscalidad se vinculen al debate territorial y a la prestación de servicios en función de cada comunidad autónoma", cuando "la prestación de servicios de calidad lo tiene que garantizar la fiscalidad española, es algo obligatorio del Gobierno".
Rechaza los debates de "pim pam pum" entre territorios y rechaza también que existan "asimetrías, ni competencias desleales ni 'dumping' fiscales" y tacha de "irrespopnsables" a los dirigentes políticos que señalan a los territorios en materia fiscal, insistiendo en la necesidad de una armonización fiscal "para que los recursos estén garantizados en todos los territorios".
"No contribuyen los territorios, contribuyen las personas, no caigamos en la trampa; pues dar la apariencia de que el esfuerzo de unas comunidades es superior al de otras, pero no es cierto, no comparto el eslogan de 'España nos roba'", asevera Montero, quien pide "salir del enfrentamiento territorial y promover que los ciudadanos contribuyan de la misma manera, vivan donde vivan; que la fiscalidad esté en los ciudadanos y no en los territorios".
Asimismo, considera que "una mayor autonomía fiscal de los territorios perjudica a comunidades como Andalucía".
Lamenta que el PP "dice una cosa en Andalucía y otra diferente en Madrid, porque la interesa el desgaste político y utiliza la fiscalidad para hacer demagogia política" y espera que vaya con "ánimo de consenso" en la reunión del grupo de expertos.
"El Gobierno podría mañana eliminar el impuesto de Sucesiones, y lo puede hacer porque tiene las competencias para hacerlo, pero debe compensar a los territorios", ha recordado Montero.
En comisión parlamentaria, ha subrayado que Andalucía está abierta a valorar cualquier propuesta sobre la composición de la cesta de impuestos que formarían parte del nuevo modelo, si bien ha lamentado que no conoce nada de las intenciones del Gobierno central.
Según ha expresado, la Junta "es la primera interesada en una armonización del Impuesto de Sucesiones", pero ha exigido que "simultáneamente" debe garantizarse la financiación de los servicios públicos fundamentales, "para que todos podamos acceder a los servicios públicos en las mismas condiciones".
Montero ha reiterado que el Gobierno central puede eliminar el Impuesto de Sucesiones de forma "inmediata", pero tendría que compensar cada año a las comunidades por las cantidades que dejaran de recaudar, tal y como ocurrió con el impuesto sobre depósitos bancarios al establecer un tipo cero.
Sin embargo, Montero ha llamado la atención sobre la necesidad de que la riqueza debe estar gravada de alguna manera, ya sea a través de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones o incluso del IRPF. Además, la eliminación de Sucesiones requiriría la modificación del resto de los tributos, "lo que requeriría en cualquier caso la iniciativa del Gobierno de España y la participación en los debates del Congreso de los Diputados, y no bastaría con que Andalucía actuara unilateralmente".
Montero ha apostado por una armonización fiscal que fije unos "niveles mínimos de regulación" en la escala de tipos, mínimos exentos y deducciones a aplicar, y que elimine la posibilidad de "competencia fiscal a la baja que llevamos años viviendo en España".
En este sentido, ha señalado que la armonización fiscal "no significa una limitación de la autonomía fiscal" de las comunidades autónomas, sino que es un "principio" que debe presidir todo "sistema tributario justo y equitativo". Por ello, ha rechazado actuaciones unilaterales de Andalucía y ha remitido a que sean el Estado y las comunidades autónomas las que de forma colegiada trabajen para alcanzarlo.
La consejera ha recordado que el Impuesto de Sucesiones es un tributo estatal cedido a las comunidades y que, por tanto, solo al Estado le corresponde decidir sobre su "supresión, aprobación o armonización". Concretamente, la ley que lo regula es de 1987, previa a que se cedieran potestades a las autonomías, mientras que el reglamento de 1991, que detalla su aplicación una vez cedidas las competencias de gestión a las comunidades, reserva al Estado aspectos como la determinación del hecho imponible, los supuestos de no sujeción, de los obligados tributarios, de las exenciones y de la base imponible.
Sin embargo, ha alertado que la voluntad del PP "no es armonizar el tributo sino simple y llanamente eliminarlo porque en su ideología no cabe la existencia de un sector público potente financiado con impuestos progresivos". En este sentido ha calificado de "profundamente regresiva" la propuesta del PP ya que pretende "vaciar la imposición directa sobre la renta y sobre la riqueza", para que el sistema fiscal descanse sobre los impuestos indirectos, es decir, sobre el consumo.
Ha recordado que la fiscalidad "debe ser objeto de revisión en los próximos meses" tras finalizar el acuerdo anterior y espera que el grupo de expertos pueda definir tanto el nuevo modelo de financiación como qué figuras impositivas pueden componer ese nuevo modelo "y evitar asimetrías y movimientos indeseados".
Montero espera que el Gobierno "no haga trampas" en ese debate y advierte de que el nuevo modelo "puede que contemple nuevas figuras impositivas que ahora no están en el tablero de juego".
"OBRA DE ZAPATERO", SEGÚN EL PP
El diputado del PP José Antonio Miranda, que ha criticado la consejera "de forma malintencionada cuestiona que el PP no sabe lo que quiere", le ha recordado que el actual modelo de financiación "es una
obra 'magnífica' de Zapatero, que Rajoy lo va a cambiar para obtener un modelo más justo para toda España, incluida a Andalucía".
Tras recordar operaciones "fallidas" de la Junta como la operación de yenes japoneses "donde se ha perdido mucho dinero", lamenta que un andaluz "paga 100 veces más que ciudadanos de otra comunidad". Lamenta que la Junta "quiere exportar el modelo fiscal de Andalucía para toda España; llevar el infierno fiscal desde Andalucía a nivel nacional, y quiere dar lecciones a otras comunidades como Madrid", cuando "cobran más a los ciudadanos pero en global Madrid recauda más por ese impuesto, pese a que cada ciudadano paga menos".
Miranda teme que el anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que comprometió a corregir el error de salto en el impuesto de Sucesiones, sean realmente "palabras para quedar bien".
Ha recordado el "talante" de la Junta, que "negó la participación del PP en el grupo de trabajo en el Parlamento andaluz" hace varios meses, tras lo que se pregunta qué hará la Junta hasta que se aplique el nuevo modelo para evitar discriminaciones a los andaluces.
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