En un comunicado, la patronal catalana ha sostenido que la medida es "desleal, ya que pretende mejorar la tesorería de la Administración y disfrazar el déficit público, todo a cargo, entre otros, de más de 5.000 empresas catalanas, la gran mayoría pymes".
Ha considerado que la medida relativa al avance de la recaudación tributaria "es una muestra más de la imprevisión que soportan las pymes", las más castigadas, a su juicio, por la crisis al tener una carga impositiva incluso superior a la de las grandes empresas.
En concreto, el Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto ley que establece un tipo mínimo del pago fraccionado del 23% en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales --unas 9.000 en todo el país--, y del 25% para bancos y refinerías, que "no tiene plazo de caducidad", por lo que estará en vigor, al menos, hasta el año 2018, que es cuando el déficit público debe colocarse por debajo del 3% según lo acordado con Bruselas.
Pimec ha añadido que pese a que en principio la medida se dirige a grandes empresas, el tope fijado supone la afectación de medianas empresas y parte de las consideradas pequeñas por su estructura de personal y recursos, por lo que lamenta el "desconocimiento" del Gobierno sobre el mundo de las pymes.
"Un avance tributario del 23% sobre el resultado contable puede ser suficientemente relevante para que las tensiones de tesorería y costes financieros sobrevenidos generen serias dificultades a unas empresas que ya operan con excesivas incertidumbres económicas y políticas", ha aseverado la patronal catalana.
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