El Pleno da luz verde a la Ley de Acompañamiento

  • PP y Podemos aseguran que "no es cierto" que no suban los impuestos
El Pleno da luz verde a la Ley de Acompañamiento
El Pleno da luz verde a la Ley de Acompañamiento
EUROPA PRESS
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El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este jueves la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales para 2017, conocida como 'Ley de Acompañamiento' de los presupuestos, que contempla un aumento de tasas del uno por ciento, e incluye modificaciones puntuales en distintas leyes autonómicas.

El texto promovido por el bipartito PRC-PSOE, que está en minoría en la Cámara, ha salido adelante gracias a la abstención de Ciudadanos, tras el rechazo de las enmiendas del PP y Podemos, que al igual que en el caso del presupuesto, han votado en contra del texto.

Cs ha ejercido de forma puntual como 'socio externo' en la tramitación presupuestaria -el año pasado fue Podemos- en virtud de un acuerdo con 80 puntos en el que destacan dos compromisos: congelar las tasas y no subir los impuestos, lo que en la práctica ha supuesto la retirada de la reforma fiscal propuesta por PRC-PSOE; y que todos los grupos parlamentarios estén representados en los consejeros de administración de las empresas públicas.

PP y Podemos, que pidieron sin éxito la devolución del texto al Gobierno a través de sendas enmiendas a la totalidad, sostienen que "no es cierto" que no se suban los impuestos, y han censurado el incremento de las tasas, que aseguran que es superior al 1% y que no se adecúa al IPC como sostiene el Gobierno.

Según PRC y PSOE, en esta ley se crean dos nuevas tasas pero se eliminan otras, como las referidas a la investigación clínica sin ánimo comercial, que gravaban los ensayos clínicos con medicamentos y los posteriores estudios de observación.

También destacan la ampliación de exenciones en el abono de la tasa para la inscripción en las pruebas de acceso a las ofertas de empleo público; la simplificación de las referidas a la expedición de títulos académicos; la reducción del 90% del tipo del gravamen general, en la cuota variable del canon de agua residual para el consumo de agua de los balnearios, así como las modificaciones realizadas en el canon de saneamiento para facilitar su tributación.

Desde el Ejecutivo y los grupos que lo apoyan, PRC y PSOE, se destacan algunas modificaciones en materia social "que van a servir para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables", en especial el colectivo de personas con discapacidad y sus familias.

Entre ellas figura una nueva deducción del 15% en el IRPF para personas con discapacidad, sus familias y las entidades que les apoyan; reducciones de la base imponible, respecto al impuesto de sucesiones, en estos colectivos; o la exención para aportantes de patrimonios protegidos en favor de personas con discapacidad, en el caso de que esta fallezca antes que el aportante, y éste recupere el dinero acumulado.

A ello se une la extensión de la reducción existente en las adquisiciones de empresas o negocios, intervivos o mortis causa, a todo emprendedor que se comprometa a mantener la actividad económica; y los tipos impositivos reducidos del 0,5 y 0,1%, según el cumplimiento de creación de empleo, en los actos jurídicos documentados, en la adquisición o constitución de derechos reales de inmuebles en polígonos y parques empresariales.

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

El PP también ha criticado que, a través de esta ley, se pretendan realizar modificaciones legislativas "sustanciales" que debieran realizarse con otro procedimiento.

Entre ellas, el Gobierno y los grupos que lo sustentan han destacado las realizadas en la Ley de Garantías y Servicios Sociales, para delimitar con más precisión las declaraciones de situaciones de desprotección, especialmente en el caso de la grave con riesgo de desamparo inminente.

La Ley de Acompañamiento también modifica las normas autonómicas de Control Ambiental Integrado, Turismo, Patrimonio Cultural, la ley del ICAF o la de Policías Locales, entre otras.

En esta última se reduce la estatura mínima de acceso exigida para los hombres, pasando de 1,70 metros a 1,65 metros. Se culmina así la reforma llevada a cabo en 2014, que únicamente redujo la estatura de las mujeres, pero no de los hombres; y se logra equiparar la exigencia mínima de altura para el acceso al Cuerpo de Policías Locales de Cantabria con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Con el fin de potenciar la investigación sanitaria, se modifica la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria para declarar la condición de organismo público de investigación de Cantabria y de agente de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a la Fundación "Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla" (IDIVAL).

También se modifica la Ley de personal estatutario de Instituciones Sanitarias para que médicos extranjeros puedan adquirir la condición de personal estatutario ante la escasez de facultativos que cumplan los requisitos de nacionalidad exigidos por la normativa vigente.

Se procede, asimismo, a modificar diversos artículos de la Ley de Ordenación del Turismo de Cantabria, con el fin de prever de forma expresa la obligación de que el número de inscripción asignado a las empresas turísticas figure en todo tipo de publicidad que los anuncie, con el fin de "combatir situaciones de intrusismo y competencia desleal".

En la Ley de Patrimonio Cultural se modifica el régimen sancionador para precisar la redacción de algunos de los tipos infractores y resolver así algunas dudas interpretativas surgidas con motivo de su aplicación. Además, se añade que una vez que se confeccionen los listados de las cavidades al que habitualmente acceden los espeleólogos y se constate que no tienen interés arqueológico, si bien antes de entrar a cualquier cueva, los espeleólogos deberán avisar al 112 "por si tuvieran que realizar una intervención de rescate por mínima que sea".

En la Ley de Control Ambiental Integrado se adapta el régimen sancionador a la normativa estatal y se actualizan algunas cuantías que no habían variado desde la aprobación de la ley en 2006, se concretan aspectos del procedimiento sancionador (plazo para dictar y notificar resolución, prescripción de las infracciones, etc) y se ajustan los tipos infractores.

Por otro lado, se modifica la Ley del Instituto Cántabro de Finanzas para que los Centros o Casas de Cantabria puedan optar por acogerse a las funciones de financiación, aseguramiento y garantía del ICAF. La Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios se modifica para adecuar el concepto de consumidor y usuario a la normativa básica estatal.

Por su parte, la Ley de Subvenciones se modifica para evitar los numerosos expedientes administrativos de apremio que se instruyen respecto a reintegros de subvenciones concedidos y abonadas de forma anticipada a personas jurídicas sin constitución de garantías, que resultan muy difíciles de recuperar en periodo ejecutivo dado que en una gran mayoría de los casos la persona beneficiaria de la subvención cesa en sus actividades sin ser titular de bienes o derechos.

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