Ruiz Molina está "totalmente en desacuerdo" con las entregas a cuenta para 2017 comunicadas a Castilla-La Mancha

EUROPA PRESS

Así se ha pronunciado el consejero a preguntas de los medios antes de participar en el acto institucional en honor a la Virgen del Pilar en el cuartel de la Guardia Civil.

Ruiz Molina ha recordado que ya le dijo al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que las cifras se deberían actualizar de acuerdo con las previsiones de ingresos del ejercicio de 2017. "Lo que no puede ocurrir es que las comunidades sean las pagadoras de la situación política que existe a nivel nacional".

Es por ello que el consejero ha apuntado que las comunidades autónomas necesitan saber de lo que van a disponer en el ejercicio de 2017 para que puedan elaborar los presupuestos "con el mayor rigor".

Asimismo, ha confiado en que los ajustes a los que hace referencia el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, se esté refiriendo a la Administración del Estado y en consecuencia que en la distribución de la nueva senda de objetivos de déficit "exija más a la Administración del Estado que a las comunidades autónomas que son quienes soportan el grueso del gasto, fundamentalmente de carácter social de los ciudadanos de este país".

JORNADA LABORAL DE 35 HORAS EN ANDALUCÍA

Sobre la recuperación de las 35 horas semanales para los empleados públicos andaluces aprobada este martes, ha dicho que "lo que hace Andalucía es poner en valor el principio de autonomía competencial" y ha subrayado que "lo que no puede ocurrir que sea el Estado quien regule la jornada laboral de los funcionarios de todas las comunidades".

Tras recordar que Castilla-La Mancha tiene una sentencia del Tribunal Constitucional que hace que tenga que volver a la jornada de 37,5 horas, cree que la medida andaluza "es un nuevo intento por parte de otro gobierno autonómico de intentar forzar, de tal manera que el Estado, ya no el Tribunal Constitucional, cambie la normativa al objeto de que sean las comunidades las que puedan establecer la jornada que consideran más apropiada para sus empleados públicos".

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