El Tribunal de Cuentas aboga por una prohibición explícita en el reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) pueda canalizar préstamos que acaben en fondos radicados en países tipificados como paraísos fiscales.
Según ha explicado este lunes el presidente de este órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, este fondo concedió un préstamo a un fondo constituido en las islas Caimán y otros dos a fondos constituidos en la República de Mauricio, ambos paraísos fiscales.
"Aunque no estaban prohibidas, se considera que este tipo de operaciones debería excluirse de forma categórica de la financiación española", ha subrayado durante su intervención este lunes en el Congreso en el que explicaba varios informes de fiscalización, entre ellos el de la actividad de este fondo durante los ejercicios 2012 y 2013.
De hecho, ha destacado que desde entonces FONPRODE acordó no autorizar nuevas operaciones de este tipo, aunque insta al Gobierno a modificar la ley con el fin de incluir en la normativa del fondo una "mención expresa" para calificar "operaciones no financiables" aquellas que impliquen la participación de fondos que operen en estos países.
"Se ha establecido su no procedencia, pero creo que la mención expresa sería muy apropiada", ha manifestado ante la comisión, en la que el senador del PP Francisco Javier Fernández González ha apoyado esa propuesta. "Deberíamos cambiar regulación para que fueran operaciones no financiables", ha dicho.
ERRORES EN SUBASTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
Álvarez de Miranda también ha informado en el Congreso de la fiscalización de otros fondos, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el Fondo para el Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes.
En el primero de ellos, constituido en 2008 para poner a disposición de las entidades financieras 19.335 millones de euros hasta su liquidación en 2012 y posterior extinción, el Tribunal de Cuentas ha apuntado a errores en criterios de inversión y diversificación que provocaron que se adjudicaran a cuatro entidades cantidades superiores al límite de cartera establecido.
Estas adjudicaciones tenían lugar a través de subastas que dejaron de convocarse por "la evolución de los mercados financieros y por la puesta en marcha de otras medidas y mecanismos alternativos de financiación.
Sin embargo, el Tribunal señala que en esta motivación "no se acreditó la posible incompatibilidad del Fondo con las nuevas medidas ni tampoco se analizaron los efectos sobre la financiación y asunción de riesgos por parte del Tesoro", y que en las cuentas había "saldos incorrectamente clasificados como inversiones financieras a largo plazo en lugar de acorto". En todo caso, subraya que las cuentas reflejaron "la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y su resultado económico-patrimonial".
CONSTITUIR FONDO DE ASEGURAMIENTO DE COOPERANTES
Por último, Álvarez de Miranda se ha referido al Fondo para el Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes, cuya creación fue acordada en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 y que, hasta el momento, no se ha producido.
Así, ha señalado que hasta ahora la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha sido la que ha contratado directamente los seguros colectivos --de dos tipos: de asistencia sanitaria y de vida-- y que era este organismo el que abonaba las primas de todos los seguros, repercutiendo a cada promotora privada "solo el 50% del importe correspondiente a sus respectivos cooperantes".
En sus recomendaciones, pide que "se proceda" la constitución de este fondo "o bien, si se estima que no es un instrumento de gestión adecuado, se debería promover a una modificación legal". Álvarez de Miranda ha señalado que se trata de "una necesidad urgente" pero que, en todo caso, el aseguramiento colectivo de los cooperantes se encuentra "en manos de la AECID y, por lo tanto, no corre riesgo".
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