Así lo han señalado en una jornada organizada por el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) sobre el modelo de financiación autonómica, que ha contado con la participación de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero; el presidente de la CEA, Francisco Javier González de Lara, el presidente del CES-A, Ángel J. Gallardo, y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez.
Castilla ha mostrado la preocupación del sindicato por combatir la desigualdad y conseguir una mayor cohesión social entre todos los territorios.
"Hay que empezar reformando el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, que acabe de una vez con privilegios de unas sobre otras, y, en este sentido, desde Andalucía debemos reclamar el ser escuchados en el mismo plano de igualdad en el reparto territorial, sin que existan concesiones políticas, económicas o de cualquier otra índole", ha concluido.
La secretaria general de UGT-A también ha indicado que "ahora más que nunca" es necesario encontrar un sistema de financiación que promueva un equilibrio entre la mayor autonomía financiera de las comunidades autónomas y la realización del principio de solidaridad y la cohesión territorial, "sin olvidar la necesaria inversión estatal".
Castilla ha apuntado que "conseguir el equilibrio presupuestario no hace sino confirmar el tremendo esfuerzo que han tenido que hacer los ciudadanos, suponiendo para Andalucía un esfuerzo acumulado superior a los 4.400 millones de ajuste entre 2011 y 2016".
"En los últimos años de recesión y crisis, debido a las políticas de contención del déficit y la aplicación de un sistema de financiación que se ha quedado obsoleto a todas luces, el ajuste se ha ido cargando sobre todo en las comunidades autónomas para las que se fijó un objetivo de déficit del 0,7 por ciento del PIB, mientras que el Estado se reservó el 2,7 por ciento de margen para este 2016. Esto fue muy criticado incluso desde la propia UE al considerar que el Gobierno de la nación no cumpliría su objetivo, como finalmente ha ido ocurriendo, teniendo que ser revisado al alza", ha señalado.
"En nuestra opinión, esto no se debería consentir, y máxime cuando son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar las políticas más sensibles que afectan de manera más directa al ciudadano: Salud, Educación y Servicios Sociales", ha incidido.
Por su parte, Carbonero, que ha hecho un llamamiento a hacer pedagogía para que los andaluces conozcan la financiación "porque de ella depende el bienestar de las personas", ha reclamado un modelo basado en tres principios básicos: suficiencia presupuestaria, equidad y garantía de servicios básicos a la población.
El secretario general de CCOO-A ha considerado que la "mala gestión" que se ha hecho de la crisis, ha generado una presión en las comunidades autónomas bajo la premisa de la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del déficit que ha desembocado en recortes importantes cuando las necesidades de la gente son mayores que antes. "Ha aumentado la pobreza, España se aleja de la convergencia con Europa y Andalucía aún más con la de España y se merman las expectativas de futuro de la juventud".
En opinión de Carbonero, la situación que ha generado pérdida de igualdad de oportunidades "requiere de una respuesta y de una financiación pública para reactivar la economía porque todo está en el mercado pero no todo el mundo puede comprar lo que hay en él".
Para ello, el líder sindical ha abogado por una modificación del sistema fiscal "alejándonos del discurso de las balanzas fiscales que, llevadas a los extremos acabaría beneficiando a quien más tiene", y por un modelo que incluya correctores "no vale solo que el reparto se haga en función al número de habitantes".
En cuanto al papel del Gobierno andaluz, Carbonero le ha pedido valentía, algo que ha hecho extensivo al resto de partidos del arco parlamentario. "El Parlamento tiene que adoptar una posición única desde la equidad, el equilibrio y la transparencia que necesita Andalucía con un sistema de evaluación que permita medir y controlar su eficacia".
A esas propuestas, el dirigente de CCOO ha añadido las de aumentar el volumen de ingresos propios de la comunidad, reordenar y eliminar al máximo los fondos discrecionales que oscurecen el modelo y distorsionan los resultados financieros, reordenar y eliminar los procesos de negociaciones bilaterales que se producen en las revisiones de competencias no homogéneas, incorporar al modelo las aportaciones estatales para la financiación de la Ley de Dependencia, revisar la contribución de los Regímenes Forales al modelo desde una perspectiva más justa y solidaria, y garantizar el cumplimiento estricto del principio de adicionalidad de los fondos europeos así como de los compromisos de inversión pública derivados del Estatuto de Autonomía.
Por último, ante el anuncio de Bruselas de un nuevo ajuste de 5.500 millones, Carbonero ha dicho que "espera que no vuelva a recaer en las espaldas de las comunidades autónomas para devaluar aún más los derechos".
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