Economía/Motor.- Ganvam denuncia que las comunidades autónomas presionan para cobrar más impuestos por los coches usados

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) denunció hoy que las agencias tributarias de las comunidades autónomas están "estrechando el cerco" sobre los concesionarios y compraventas a la hora de cobrar las tasas derivadas de la transferencia de automóviles de particulares a profesionales. La patronal de los vendedores señaló que los pagos exigidos por las Haciendas de las comunidades autónomas por los vehículos que mantienen en 'stock' y que no consiguen vender en el plazo de un año se puede elevar hasta los 90 millones de euros. En este sentido, la asociación recordó que los concesionarios y los compraventas que recogen un coche usado de un particular para su reventa "están obligados a pagar un tipo del 4% por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)", aunque explicó que éstos están exentos de liquidar esta tasa si el coche se vende en un plazo de un año desde la fecha de adquisición. Sin embargo, Ganvam aseguró que la actual crisis del sector automovilístico "está provocando una apreciable dilación de los plazos de venta de vehículos usados", lo que imposibilita, "en muchas ocasiones", acogerse a la exención del ITP. La Asociación apuntó que el plazo medio de permanencia en 'stock' de los automóviles vendidos con cuatro años se sitúa en 124 días. La patronal de los vendedores indicó que la "presión" por parte de las agencias de tributación de las comunidades autónomas se ha aumentado desde 2008, debido al levantamiento de "numerosas" actas tributarias a concesionarios y compraventas. En este sentido, resaltó que en la actualidad el 46% de las ventas de coches usados corresponden a operaciones de profesional a particular, lo que representa un volumen de 680.220 unidades al año, de las que cerca del 25% procede de 'stock'. Por comunidades, Madrid es la que tiene una estimación de pago fiscal superior, con un 15,5 millones de euros, seguida de Cataluña, con 14,3 millones de euros, y de la Comunidad Valenciana, con 9,3 millones de euros.