El secretario de Economía de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, ha advertido este viernes de que si el Gobierno central "corta el grifo a Cataluña", el Estado se vería afectado ante los mercados que entenderían, ha dicho, que el Gobierno ha dejado de ejercer su responsabilidad. Aragonès ha recalcado que el ejecutivo de Rajoy es último responsable de los impuestos que recaudan.
Así lo ha dicho en declaraciones a los medios después de que el Gobierno haya acordado suspender el pago del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Cataluña si no certifica semanalmente que no destina fondos al referéndum independentista del 1 de octubre
Sobre si Cataluña perdería el FLA si se celebrara el referéndum, ha afirmado: "El Gobierno quiere poner en peligro los pagos que se hacen a través del FLA, pero creemos que es propaganda. Sabe perfectamente que la reputación de nuestras finanzas y las suyas están cruzadas. Los impagos de la Generalitat afectan al Estado español porque es el último responsable. Es quien recauda los impuestos que pagamos".
"Si cortan el grifo, su Estado se emboza. No pueden cortar el grifo a Cataluña porque les afecta directamente. La lectura de los mercados financieros sería que el Estado ha dejado de ejercer su responsabilidad", ha ahondado, y ha añadido que el Govern no tiene todavía el texto del acuerdo porque el Gobierno central no se lo ha notificado.
Por ello, ha lamentado la "campaña propagandística del miedo" del Estado: "Hay una clara discriminación ideológica. Se certifica que es falso que todos los españoles son iguales. Hay unos que no somos iguales, que se nos trata diferente porque votamos diferente a lo que ellos quieren y cuando queremos volver a votar se nos amenaza con colapsar nuestros servicios públicos".
Ha constatado que el Estado está haciendo "actuaciones de propaganda y amenaza" sobre funcionarios, proveedores y servicios del Estado del bienestar en Cataluña porque el Govern catalán, que ha sido votado por la ciudadanía --ha recordado--, tiene el compromiso de tirar adelante el referéndum.
"GANAR LA LEGITIMIDAD EN LAS URNAS"
Por ello, ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que gane su legitimidad en las urnas: "Que gane el referéndum haciendo campaña por el 'no', pero no amenazando a trabajadores públicos y proveedores, porque algunos votarán que 'sí', otros que 'no' y otros no participarán".
"Pedimos que dejen fuera del debate político y de la situación de tensión entre ambos gobiernos a funcionarios, proveedores y servicios. El Gobierno central es irresponsable", ha aseverado Aragonès.
Este viernes, el Gobierno central ha acordado que una serie de altos cargos y funcionarios deberán remitir de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum.
Aragonès ha defendido que esto ya se hace de forma mensual: "Ahora lo quieren hacer semanal y extenderlo a más gente. Lo hacen para extender la campaña del miedo".
Preguntado por si ello es un obstáculo añadido, ha dicho que el Govern conoce la "fobia" del Estado, que quiere perseguir cualquier forma de expresión por parte de los ciudadanos de Cataluña.
"Sabíamos que habría obstáculos. Haremos lo que hemos hecho este año y medio, que es garantizar el pago puntual de los proveedores y no poner en riesgo el pago de nóminas, ni los servicios de farmacias, hospitales, centros especiales trabajo y el Tercer Sector", ha dicho, y ha agregado que la Generalitat ha reducido el plazo de pago a proveedores a la mitad.
COMPRA DE URNAS
Sobre si el acuerdo del Gobierno supone una nueva dificultad para la compra de urnas del 1 de octubre, ha dicho que esta compra está "perfectamente avalada" porque la región tiene las competencias para hacer procesos electorales.
"La querella que se presentó por la compra de urnas no se sostiene de ninguna de las maneras. Las urnas se pueden usar para un referéndum o para otras actuaciones que encajan en el marco constitucional español", ha dicho, y ha añadido que el Gobierno acomete todas estas actuaciones sin que esté aprobada la Ley del referéndum, algo que se prevé en las próximas semanas.
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