El decreto de normas complementarias del referéndum del 1 de octubre que ha firmado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no detalla el origen del censo y se limita a afirmar que se utilizará el que "se haya cerrado el día 30 de marzo de 2017".
Así, se mantiene la incógnita de donde saldrán los datos de los votantes: la Generalitat siempre ha considerado que no hay problema con este tema, mientras que el Estado considera que el censo es su competencia exclusiva y no puede utilizarlo el Govern sin su permiso.
El mismo decreto establece que el censo electoral 'es competencia de la administración electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya bajo la supervisión de la Sindicatura Electoral de Catalunya' y se confecciona de acuerdo con lo que establece la ley que se ha aprobado en el Parlament este miércoles.
El decreto tampoco precisa el material del que estarán hechas las urnas y se limita a afirmar que será de 'un material resistente con una tapa que incluirá una ranura en el centro por donde se introducirán los votos'.
GASTOS
El decreto faculta al Govern a 'llevar a cabo la aprobación del gasto y las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum', incluyendo la aportación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de los que disponga.
Los gastos del referéndum también son un tema polémico: el Govern los incluyó en los Presupuestos de 2017 y el Tribunal Constitucional le advirtió de que no podría dedicar dinero a la votación.
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