Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que el Gobierno de Kenia está presionando de manera ilegítima a los más de 250.000 refugiados somalíes que viven en el campo de Dadaab para que vuelvan a su país, mediante un programa de repatriación que no cumple con la legislación internacional.
En mayo, después de anunciar el cierre del campo de refugiados de Dadaab en noviembre, el Gobierno keniano puso en marcha un plan para repatriar a los más de 250.000 refugiados procedentes de Somalia que viven en el recinto.
Las autoridades kenianas firmaron en 2013 un acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual establecieron un programa de repatriación voluntaria para los solicitantes de asilo procedentes de Somalia. En mayo, a raíz del anuncio del cierre de Dadaab, el Gobierno de Kenia y ACNUR redoblaron sus esfuerzos para que aumente el número de personas que vuelvan a Somalia de forma "voluntaria".
Varios miembros de HRW hicieron una visita en agosto a Dadaab, donde llevaron a cabo más de 100 entrevistas con los residentes del campo. De acuerdo con los testimonios recogidos, HRW ha denunciado que los refugiados somalíes en Dadaab son víctimas de acoso por parte de las autoridades kenianas, que les intimidan y les presionan para que vuelvan a Somalia.
350 EUROS POR VOLVER A SOMALIA
El programa de repatriación voluntaria concede un cheque por un valor de 350 euros a todos aquellos refugiados que accedan a volver a Somalia por voluntad propia. "Las autoridades kenianas no les están permitiendo elegir si quedarse o irse y la ONU no está proporcionando información concreta sobre la situación de seguridad en Somalia", ha declarado el director del Programa de Refugiados en HRW, Bill Frelick.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en 1951, establece el denominado como principio de no-devolución, que prohíbe que un refugiado sea forzado a volver a su lugar de origen si su vida puede correr peligro. HRW ha denunciado que lo que está haciendo el Gobierno de Kenia es violar directamente este principio.
La organización defensora de los Derechos Humanos ha alegado que para que una repatriación sea considerada como "voluntaria", un solicitante de asilo tiene que regresar a su país de manera totalmente libre y sin haber sido víctima de presiones de ningún tipo. Por otra parte, las autoridades tienen la obligación de informar detenidamente a la persona sobre la situación política y social en su lugar de origen.
Los refugiados en Dadaab han alegado que se sienten atrapados ante el inminente desmantelamiento del campo. Por un lado, tienen miedo de regresar a Somalia pero, por el otro, temen ser arrestados o deportados si intentan quedarse en Kenia. Muchos de ellos deciden aceptar el cheque de 350 euros y volver por sus propios medios.
De acuerdo con datos de Naciones Unidas, a finales de agosto había 263.000 somalíes en Dadaab. A finales de julio eran más de 335.000. A pesar de que el programa de repatriación voluntaria se puso en marcha en diciembre de 2014, de los más de 24.000 somalíes que han regresado a su país, 10.000 lo hicieron después de que, en mayo de 2016, el Gobierno keniano anunciase que iba a cerrar el campo.
HRW ha criticado el rol que está ejerciendo ACNUR en todo este proceso, ya que alega que la agencia de Naciones Unidas no está proporcionando la asistencia adecuada a los refugiados somalíes que no se quieren ir de Dadaab. A los que sí se muestran dispuestos, les informa de manera inadecuada sobre la situación en Somalia para que decidan regresar.
"Huimos de Somalia a raíz de los problemas que hay en el país. Esos problemas siguen allí", ha explicado Sashra, una mujer somalí de 42 años que ya ha firmado para irse. "No es el momento adecuado para volver. Pero todos los días el Gobierno de Kenia nos dice que nos tenemos que ir y ACNUR no nos da información", ha añadido.
REACCIÓN DEL GOBIERNO DE KENIA
A raíz del informe presentado por HRW este jueves, el Gobierno de Kenia ha negado las acusaciones presentadas por la organización de Derechos Humanos y se ha reafirmado en su decisión de cerrar el campo de Dadaab.
"Nuestro plazo límite para cerrar el campo es el 30 de noviembre de 2016", ha declarado el secretario del Ministerio del Interior de Kenia, Karanja Kibicho. "Estamos intentando recuperar la normalidad en materia de refugiados. Somos un país soberano que está intentando hacer frente a un problema de seguridad de la forma más humana posible" ha añadido.
El Gobierno keniano ha alegado el grupo terrorista Al Shabaab, cuya actividad se centra en Somalia, ha estado utilizando el campo para reclutar a nuevos milicianos.
El campo de refugiados de Dadaab se creó en 1991 para acoger a los miles de refugiados que huían de la guerra civil en Somalia. Hoy en día, gran parte de la población somalí de Dadaab son hijos y nietos de esas personas.
No obstante, en los últimos años ha llegado una nueva oleada de refugiados tratando de escapar de la sequía, la escasez, la pobreza y la violencia del grupo terrorista de Al Shabab, que está en guerra con el Gobierno de Somalia.
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