"Ese mensaje que intentan dar de que es muy complicado, que no hay suficientes, que no quieren venir, que se están buscando otras vías, es inhumano y es falso. Lo que pasa es que España está poniendo trabas, dificultades, en vez de poner facilidades, es impensable para quienes están en Jordania, Líbano o Siria pensar que no hay gente que no quiera salir", ha denunciado Vera este lunes 19 de junio en rueda de prensa para presentar el informe 'Querida familia. Cómo las políticas migratorias europeas están separando a las familias".
La semana pasada, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, apuntó que los refugiados eran "reacios" a venir a España y hace unas semanas, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, preveía que España tendría que reubicar a menos refugiados de los comprometidos porque no todos cumplen los requisitos.
Vera ha criticado que en las últimas semanas no ha llegado a España ningún refugiado y que el país está estancado en un 7 por ciento (1.033 acogidos de los 17.337 refugiados que se ha comprometido a reubicar y reasentar). Además, ha recordado que este lunes 19 de junio se entra en la cuenta atrás de 100 días para cumplir este compromiso. "Ya no sabemos qué más hacer para torcer el brazo de este Gobierno", ha indicado Vera.
En cualquier caso, ha precisado que la legislación europea cuenta con un sistema de sanción en caso de incumplimiento, algo que "no debe ser ajeno". "Si llega el 16 de septiembre y no se ha cumplido el compromiso de los 17.000 estamos viendo la posibilidad de tomar acciones legales", ha subrayado.
"Estamos hablando de unas cantidades irrisorias", ha declarado en referencia al compromiso español, explicando que en Líbano sigue habiendo 1,1 millones y en Jordania 670.000, cifras de "unas dimensiones totalmente distintas".
A su juicio, en el caso español hay "un bloqueo directo, falta de proactividad de cambio de marcha". Por ello, ha propuesto como solución "acudir a todas las instituciones, administraciones públicas y organizaciones sociales que mayoritariamente han mostrado esa voluntad de acogida, y hacer uso de esa sensibilidad social e institucional fuerte para que al menos esos 17.000 lleguen".
La responsable de incidencia humanitaria de Oxfam, Paula San Pedro, ha lamentado que España está "a la cola" del resto de los países europeos, especificando que Portugal ya ha cumplido el 40% de su cuota, por lo que "no hay excusas".
SEPARACIÓN FAMILIAR
Entre las conclusiones del informe, el director general de Oxfam ha destacado que "las políticas europeas de control migratorio son un mecanismo de separación familiar". En concreto, el estudio pone de relieve que España concedió 327 visados por razones familiares en 2015, lo que representa un 4 por ciento de todas las personas que llegaron a España como solicitantes de protección internacional.
A nivel europeo se concedieron 78.772 visados por razones familiares, una cifra muy baja, según precisan, teniendo en cuenta que de casi un millón de personas que cruzaron el Egeo en 2015, muchas lo hicieron para reunirse con sus familiares.
San Pedro ha explicado que España tiene tres mecanismos de reagrupación: la extensión familiar --recogida en la Ley de Asilo, por la que solo pueden reagruparse personas de la misma nacionalidad--; la reagrupación familiar --que permite volver a reunirse a familiares de distinta nacionalidad--; y el mecanismo de Dublín que compete a todos los países de la UE.
Si bien, ha puntualizado que la realidad es que la ley es "absolutamente discriminatoria". Entre las trabas que se encuentran los refugiados, ha enumerado: que el concepto de familia es muy limitado pues no incluye a los hijos de 18 años o más, ni a los abuelos; que tampoco incluye a las familias que se han formado durante el tránsito y que solo contempla la dependencia económica pero no la afectiva.
EL ROL DE LAS EMBAJADAS
Además, ha criticado que aún están a la espera de que se desarrolle el reglamento de la ley de asilo, una circunstancia que ha creado "grandes lagunas", por ejemplo, al no especificar el rol de las embajadas a la hora de tramitar visados para extensiones familiares; o en los casos de reagrupación familiar, cuando se trata de familiares que no tienen la misma nacionalidad, pues al no estar desarrollado el reglamento de la ley de asilo, tienen que acudir a otro marco supletorio, en este caso, la ley de extranjería, que les exige más condiciones.
También pone de manifiesto la barrera que suponen las trabas burocráticas y las dilaciones en el tiempo, ya que, según ha añadido, en España "el sistema burocrático tal y como está establecido impone que las familias tarden al menos un año en poder reagruparse".
En concreto, ha puesto el ejemplo de una mujer de Sudán que logró llegar a España y pidió la reagrupación familiar de sus tres hijos que estaban desaparecidos como consecuencia de los ataques. Cuando les encontraron, uno de los chicos había alcanzado la mayoría de edad y ya no podía acogerse al mecanismo de reagrupación familia por lo que aún no ha conseguido llegar a España.
"No prima el interés del menor, el control migratorio prevalece frente a cualquier otro derecho", ha denunciado, al tiempo que ha insistido en que "ya no solamente es que los migrantes no están viniendo, ni que España esté cerrando las fronteras" sino que "está incumpliendo o esta interpretando la ley según le conviene".
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