Campaña busca visibilizar en Venezuela a las víctimas de conflicto colombiano

  • El Gobierno venezolano y la ACNUR han salido a las fronteras para tratar de visibilizar a las víctimas del conflicto colombiano que han llegado al país en busca de seguridad y el reconocimiento como refugiados, condición que hasta 2010 se ha otorgado a unas 2.700 personas.

María José Benavente

Puerto Ayacucho (Venezuela), 1 oct.- El Gobierno venezolano y la ACNUR han salido a las fronteras para tratar de visibilizar a las víctimas del conflicto colombiano que han llegado al país en busca de seguridad y el reconocimiento como refugiados, condición que hasta 2010 se ha otorgado a unas 2.700 personas.

En un país que ha dicho que también sufre los efectos del conflicto armado que desde hace medio siglo padece Colombia, la Comisión Nacional para los Refugiados realiza jornadas fuera de sus oficinas, aventurándose por las localidades fronterizas, junto a la Oficina de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en la búsqueda de lo que llaman personas "en necesidad de protección internacional".

Una de estas jornadas se lleva a cabo desde el pasado lunes y hasta el próximo 3 de octubre en la fronteriza ciudad de Puerto Ayacucho (suroeste), para asistir y orientar legalmente a centenares de colombianos que residen en el municipio y sus cercanías tras abandonar su país por miedo a la violencia.

Según la ACNUR, en Venezuela hay más de 200.000 personas "en necesidad de protección internacional", el 95 % de ellas de origen colombiano, que mayoritariamente se reparten por los estados de Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, situados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera que comparten ambos países.

De esos 200.000, hasta 15.000 habrían solicitado la condición de refugiado desde 2003, aunque el Estado venezolano, a finales de 2010, solo ha reconocido a 2.700 personas de distintas nacionalidades, de acuerdo con las cifras de ACNUR.

Entre los que acudieron a Puerto Ayacucho se encuentran "Carlos" y su mujer, quienes buscan se les conceda la condición de refugiados que les permita "tener papeles", circular libremente por Venezuela y recibir los servicios básicos del Estado.

"Nosotros volver sí podemos (...) pero allá tenemos el problema de que nos puedan matar (..) nosotros allá nacemos en una guerra y morimos en esa guerra. Eso no es de hoy, es de siempre ", relató "Carlos", que dejó Colombia a finales de 2007 por las amenazas de los paramilitares que controlaban la zona donde residía.

"Carlos", quien actualmente vive en Puerto Ayacucho con su mujer y su hija, explicó que los paramilitares le dieron 24 horas para abandonar el país y así lo hizo. La huida se planificó "de una mañana a una tarde" y , desde entonces, ha recorrido varias ciudades venezolanas.

"Allá opera la ley del silencio, allá lo que usted le pase tiene que callarse, lo que usted vea tiene que callarlo", aseguró.

Por su parte, "Luis" también dice ser víctima de organizaciones armadas que lo acusaban de ser del grupo contrario, por lo que después de varias idas y venidas por poblaciones cercanas a su lugar de origen decidió huir a Venezuela.

"Soy una persona de bien, lo que pasa es que he estado en medio de un conflicto", declaró "Luis", después de explicar los numerosos amigos y familiares que ha perdido a manos de los grupos armados en Colombia.

"Cuando uno está al lado del frío de la muerte, se siente con esa muerte como que lo toca a uno, porque yo diría: si hoy vienen por mi vecino, mañana vendrán por mí", consideró.

La historia de "Carlos" o la de "Luis" se asemeja a la de decenas de colombianos que esperan en la improvisada oficina de la Comisión Nacional de Refugiados en Puerto Ayacucho para entrevistarse con una de las cinco funcionarias encargadas de otorgarles un documento provisional que regulariza temporalmente su estancia en Venezuela a la espera de que evalúen su solicitud.

"Es la vida o lo material", afirmó la jefa de la Comisión Nacional para los Refugiados del Estado Apure, Angélica Barrera, al describir la situación con la que llegan cientos de personas a su oficina para solicitar la condición de refugiado.

"Una de las responsabilidades más grandes que tiene el Estado es el acceso a la justicia y para mí se está garantizando con estas movilización", aseguró Barrera.

Explicó que la situación de miedo y la geografía fronteriza dificultan, en muchos casos, que los colombianos que llegan en situación irregular a Venezuela recurran a la Comisión Nacional para los Refugiados para informarse y hacer valer sus derechos.

El estatus de refugiado debe ser otorgado por el Estado, previo análisis del caso. En Venezuela este proceso lo lleva la Comisión Nacional para el Refugiado en un plazo establecido en tres meses, pero que, generalmente, puede prolongarse por muchos más.

Para estas jornadas ACNUR se encarga de ofrecer la logística en los desplazamientos y apoya, con personal y material, a la oficina gubernamental en este despliegue fronterizo que ya ha visitado las localidades de Elorza, El Nula (ambas del Estado Apure), La Victoria (Aragua) y en el mes de octubre llegará a San Fernando de Apure.

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