El fiscal de Ecuador anuncia que investigará a la ALDHU por la emisión de carnés a refugiados

  • Quito, 18 feb (EFE).- El fiscal General del Estado ecuatoriano, Washington Pesántez, anunció hoy que investigará a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) por la emisión de unos carnés de refugio a desplazados colombianos en la frontera.

El fiscal de Ecuador anuncia que investigará a la ALDHU por la emisión de carnés a refugiados

El fiscal de Ecuador anuncia que investigará a la ALDHU por la emisión de carnés a refugiados

Quito, 18 feb (EFE).- El fiscal General del Estado ecuatoriano, Washington Pesántez, anunció hoy que investigará a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) por la emisión de unos carnés de refugio a desplazados colombianos en la frontera.

En una entrevista en la cadena local Teleamazonas, Pesántez indicó que se ha presentado una denuncia formal por el caso, pero que si no fuera así, "ahora que es de conocimiento público, el fiscal tiene la obligación de pesquisar de oficio estos hechos que aparentemente tienen carácter de delito".

El pasado 4 de febrero, el Gobierno de Ecuador desautorizó la validez de unos carnés que la ALDHU emitía para identificar a los refugiados colombianos que pasan la frontera hacia Ecuador, que según la prensa local ascendían a unos 5.000, e indicó que los únicos documentos válidos para estas personas eran los oficiales.

Ante eso, la ALDHU argumentó que la entrega de ese documento a desplazados colombianos en la zona fronteriza solo certificaba que esas personas existen y que, de modo alguno, sustituía al documento oficial emitido por la cancillería.

Según Pesántez, la emisión de esos carnés podría incurrir en varios delitos como los de atentado a la seguridad del Estado, tráfico de influencias o arrogación de funciones.

"Se hablan de más de 100.000 personas en Ecuador con estatus de refugiado, nosotros somos un país humanitario, recibimos a los hermanos colombianos y de otros países (...) pero evidentemente tiene que canalizarse por las vías legales y si no lo han hecho tendrán que responder en el área penal", declaró el Fiscal.

El pasado lunes, el Gobierno, mediante decreto ejecutivo firmado por el presidente Rafael Correa, determinó la finalización de un convenio que el Estado mantenía con la ALDHU y derogó los privilegios de inmunidad y de fiscalización que determinaba el acuerdo.

La reacción de ALDHU fue anunciar que abandonaba el país y se trasladaba a Montevideo porque "al quitarnos el estatus de protección el Gobierno nos deja en una situación de extrema indefensión y desprotección que nos impedirá continuar con las acciones emprendidas bajo ese estatuto protector".

La decisión del Gobierno frente a la ALDHU se da en medio del escándalo desatado por el denominado "caso Chauvín", que involucra a un ex cargo del Ejecutivo, imputado en supuestas relaciones con una red de narcotráfico con nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ignacio Chauvín, ex subsecretario de Interior, ahora detenido por el caso de narcotráfico, fue hace algunos años colaborador de ALDHU y al entregarse a la justicia declaró que se reunió en 7 ocasiones con el portavoz internacional de las FARC, alias "Raúl Reyes".

Reyes murió el pasado 1 de marzo, junto a otras 25 personas, en un ataque que el Ejército de Colombia efectuó a un campamento de la guerrilla en Angostura, territorio en la selva ecuatoriana.

Esa operación produjo la ruptura diplomática entre ambos países, ya que Ecuador consideró que Colombia había violado su soberanía territorial al atacar el campamento sin un aviso previo a las autoridades nacionales.

Pesántez recordó esos encuentros de Chauvín con el líder guerrillero y afirmó que el ex funcionario "tendrá que aclararlos, si lo hizo como agente oficioso o como representante de la ALDHU, porque como representante del Gobierno parece no haberlo hecho y me remito a las declaraciones del presidente".

"Si el señor lo hizo por su cuenta y sin hacerlo conocer entonces tendrá que responder", dijo el Fiscal.

Según Pesántez, en ese caso se abriría un nuevo proceso y a Chauvín podría acusársele entonces de un atentando contra la seguridad interna y externa del país.