Aprobada la ley que homologa al personal del sector empresarial público con el de la Administración aragonesa

El texto se ha tramitado por el procedimiento de lectura única especial y supone "concretar un compromiso que el Gobierno de Aragón asumió con los Presupuestos de 2016" de "homogeneizar categorías profesionales y retributivas", ha explicado el consejero de Hacienda del Ejecutivo aragonés, Fernando Gimeno, en la presentación del proyecto de ley ante el hemiciclo.

Asimismo, ha reconocido que se ha presentado "quizá tarde en el tiempo, pero que está justificado" porque el Gobierno central planteó "discrepancias" respecto a la competencia de la Comunidad sobre los límites de masas salariales, si bien finalmente se alcanzó un acuerdo en noviembre del año pasado que permitió impulsar el texto legislativo.

Gimeno ha dicho que esta ley "va a afectar al 7,3 por ciento de la masa salarial del personal de los entes públicos" puesto que ya "se ha ido haciendo la homologación de muchos puestos".

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha comentado al respecto que la equiparación del personal ha tenido lugar ya "en los últimos años" y ha defendido la "racionalización del sector público aragonés" llevada a cabo por el anterior Gobierno PP-PAR, para apuntar que esta norma "no es novedosa", sino que plantea lo que ya se incluyó en la ley de Presupuestos y en la de medidas fiscales de 2016, si bien "han necesitado de otra para resolver el enredo jurídico" creando entre ambas.

COMPLEJO

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha sostenido que definir la homogeneización del personal del sector empresarial público con el de la Administración ha sido "complejo y extenso" y no solo va a afectar a los altos cargos de las sociedades mercantiles autonómicas, sino que se va a ampliar a todo el personal, también de las entidades, fundaciones y consorcios, un proceso "que nadie hasta ahora había sido capaz de llevar a cabo hasta el final" y que ha concitado "consenso".

La diputada de Podemos, Marta de Santos, ha expresado el "orgullo" de haber impulsado esta homologación ya que es uno de los acuerdos de investidura suscrito con el PSOE, aunque ha lamentado que se haya hecho "tarde y tibio" ya que también pedían la publicación de todas las Relaciones de Puestos de Trabajo y la reforma de la ley de Función Pública, que todavía no se han sustanciado, para criticar que se "blinden" esta legislatura a altos cargos que cobran más que consejeros al crear un complemento personal transitorio.

La diputada del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, ha comentado al respecto que "no será hasta el próximo Gobierno cuando se aborde ese cambio", para considerar que "no era lógico que un directivo de empresa pública cobrase más que el presidente del Gobierno de Aragón porque nadie tiene más responsabilidades" que él, pero ha estimado que es un "paso pequeño" y ha reclamado "valentía" al Ejecutivo para abordar el compromiso de "reformar la arquitectura institucional y la función pública".

El diputado de Ciudadanos (Cs), Javier Martínez, ha opinado que tras las enmiendas presentadas por los grupos "el texto ha sido mejorado" en cuando a "control y transparencia" y respecto a "los límites para no perder a los mejores profesionales para dirigir proyectos importantes" y ahora "el marco queda perfectamente definido".

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha comentado que esta ley aporta "criterios claros, uniformes y objetivos tanto para retribuciones, como para clasificación del personal" de sector público empresarial aragonés, frente a la "gran heterogeneidad y falta de transparencia" en las retribuciones del personal directivo y la "desigualdad" entre los diferentes entes.