EL CONGRESO PIDE QUE LA SEDE DE LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE BARCELONA SEA MEMORIAL DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la conversión de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un memorial de la represión franquista en Cataluña.
Lo aprobó la Comisión de Interior mediante una enmienda transaccional a una proposición no de ley presentada por ERC y que obtuvo 14 votos en contra, correspondientes al PP, frente a 23 a favor, del resto de los presentes.
La iniciativa reclama al Gobierno reconvertir esa sede, situada en el número 43 de la Via Laietana, en un museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Cataluña.
El centro deberá acoger una exposición permanente sobre esa represión y sobre la lucha por las libertades democráticas, sus causas, sus protagonistas y sus consecuencias durante toda la dictadura de Francisco Franco.
Para ello, dice expresamente el texto, el centro deberá reproducir el funcionamiento de la mencionada jefatura durante aquellos años en los cuales la tortura y la represión en sus dependencias constituían su principal actividad.
La materialización de ese centro queda a expensas de un acuerdo con la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, para garantizar el traslado de los efectivos allí ubicados actualmente a unas instalaciones más modernas y adecuadas.
La iniciativa reclama un plazo de seis meses para facilitar a la Generalitat de Cataluña, en el soporte que los expertos museísticos consideren conveniente, una copia del Archivo Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional, en el que se integren fichas, atestados, declaraciones, órdenes, reglamento interno, correspondencia y material que se considere de interés memorialístico, siempre y cuando no contravenga la ley de secretos oficiales y se realice de forma consensuada con la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior.
Finalmente, pide la creación de un órgano participado y coordinado entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para la gestión del memorial.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, celebró esa decisión que afecta a uno de los "iconos" de la lucha por la libertad en Cataluña, en el que miles de activistas sufrieron la represión de la dictadura.