Además, la proposición no de ley que ha sido aprobada con los votos a favor de PPdeG, PSOE y BNG (En Marea se ha abstenido) también acuerda modificar el Decreto 151/2014 del 20 de noviembre de sanidad mortuoria de Galicia para regular aquellos entierros que tengan que ser hechos en contacto con la tierra.
Este texto final aprobado parte de un acuerdo entre el PPdeG y PSOE después de que los populares incorporasen una enmienda de los socialistas, que pedían completar la proposición no de ley para que "no estuviese vacía de contenido".
Esta proposición no de ley, votada este miércoles, fue defendida por el parlamentario Alberto Pazos en la jornada del martes, a la que asistieron representantes de la comunidad islámica y judía de Galicia, que siguieron el debate desde las gradas.
En su intervención, el diputado popular recordó que el impulso de estos cementerios es un compromiso que el PPdeG llevó en su programa a los pasados comicios autonómicos. "Hoy damos un primer paso para cumplir ese compromiso desde el convencimiento de que así podemos solucionar un problema de carácter humano", indicó.
POSTURA DE LA OPOSICIÓN
El primero en replicar a Alberto Pazos fue el nacionalista Luís Bará, quien aseguró que el Bloque "comparte la preocupación expresada" por el PP por estas confesiones. Con todo, les pidió "coherencia" y denunció que "a las puertas de Europa hay miles de personas que esperan en condiciones miserables para entrar" pero que "se encuentran con rechazos de partidos como el PP".
Por su parte, la socialista Begoña Rodríguez Rumbo avanzó el apoyo de su grupo pero pidió que la propuesta contemplase un plan de desarrollo para la creación de estos cementerios que contemple los municipios en los que se harán, un calendario para su puesta en funcionamiento o la dotación económica necesaria.
Por último, la diputada de En Marea Carmen Santos defendió que se "reconozca la libertad religiosa y de culto como derecho constitucional" pero "siempre que esta se desarrolle en la esfera privada y cumpla el marco normativo". Además, ha reclamado que ello "no signifique poner en tela de juicio la aconfesionalidad del Estado".
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