El Congreso vuelve a retrasar la Comisión de Educación para hablar del pacto debido a la sesión solemne de apertura

La primera convocatoria de esta comisión se suspendió por el inicio del debate de investidura de Mariano Rajoy, el pasado 26 de octubre. Las mismas fuentes han señalado que esperan que se celebre finalmente el próximo 24 de noviembre, casi un mes después de la fecha inicialmente prevista.

También el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, va a comparecer en el mencionado órgano parlamentario, tras la petición de la mayoría de los grupos, tal y como anunció él mismo en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros. Sin embargo, todavía no hay una fecha cerrada.

La creación de la subcomisión parlamentaria para la negociación del pacto educativo respondería a la iniciativa que PSOE y Ciudadanos registraron el pasado lunes 7 de noviembre en el Congreso. Ambas formaciones quieren que este foro sirva también para acordar una nueva ley educativa que sustituya a la LOMCE.

El texto, que no está firmado por el PP, pone un plazo de seis meses para que esta subcomisión redacte un informe sobre el estado y situación del sistema educativo español, que incluya las propuestas y conclusiones recogidas para la elaboración del Pacto de Estado.

"Dicho pacto servirá de base para una nueva Ley Básica de Educación que contenga las medidas acordadas y que sustituya la Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social", apunta la propuesta de PSOE y Ciudadanos.

Ambas formaciones se comprometen a organizar "cuantas comparecencias sean necesarias" en este proceso y a contar con expertos, representantes de la comunidad educativa, responsables autonómicos de educación, presidentes de Consejos Escolares autonómicos, organizaciones sociales, colectivos o plataformas educativas y representantes de las sociedades científicas y culturales del país.

PSOE y Ciudadanos apuestan también por que la subcomisión pueda solicitar informes específicos al Consejo Escolar del Estado y a la Conferencia Sectorial de Educación, entre otros órganos, así como recabar documentos de trabajo impulsados y elaborados desde la sociedad civil y la comunidad educativa.