El Ministerio de Fomento veta que el Congreso de los Diputados debata la proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia para pedir la transferencia de la autopista AP-9, una vía que vertebra de norte a sur el eje atlántico y cuya titularidad ha reclamado también el propio presidente de la Xunta --ahora en funciones--, Alberto Núñez Feijóo, a su compañera de partido, la entonces ministra Ana Pastor.
Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso se someten a consideración del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad de mostrar su disconformidad hacia aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.
El pasado viernes, Moncloa comunicó al Congreso su rechazo a la tramitación de diez iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos, entre ellas la que registró el PSOE para paralizar la llamada 'ley Wert' y la de la transferencia de la AP-9.
El criterio del Gobierno que dirige en funciones Mariano Rajoy es que la aprobación de esta propuesta, que ha contado con el respaldo de toda la cámara gallega en diversas ocasiones, supondría un "aumento de los créditos presupuestarios", por lo que no está conforme con su tramitación, como así figura en el documento enviado al Congreso con fecha del 14 de octubre.
INFORME DE FOMENTO
El informe de Fomento, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca en que la autopista AP-9 "vertebra el eje atlántico" enlazando los principales centros económicos de Galicia y cinco de las siete ciudades de mayor tamaño.
El Ministerio que ahora dirige en funciones Rafael Catalá dice que la AP-9 está "integrada" en la red transeuropea de transporte e insiste en que "a través de las vías de alta capacidad de titularidad del Estado" soporta regularmente tráfico de largo recorrido y permite conectar los principales núcleos gallegos "con los diferentes territorios de España y con los demás países de la Unión Europea", incluido Portugal (por la A-55).
Asimismo, apunta que conecta las áreas de influencia de los cinco puertos de interés general del Estado en Galicia y sus principales rías e incluye la conexión con los tres aeropuertos de Galicia.
Fomento determina que esta infraestructura, de acuerdo con la ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, forma parte de la red de carreteras del Estado, ya que "está integrada en un itinerario de interés general, está incluida en un itinerario de tráfico internacional e interés europeo y sirve de acceso al paso fronterizo con Portugal", así como a puertos y aeropuertos.
"Por lo que no sería factible el traspaso de la autopista al Gobierno autonómico de conformidad a lo establecido en la legislación vigente y, de acuerdo con los principios constitucionales de reparto de competencias entre administraciones".
OBLIGACIONES ECONÓMICAS
En 2014, como recoge la proposición de ley, la concesión de la AP-9 tuvo unos ingresos derivados del peaje de 127,7 millones de euros. Dado que el fin de la concesión está fijado para 2018, el coste estimado del rescate de toda la concesión está cifrado en más de 4.300 millones de euros.
Con estos datos de fondo, Fomento advierte que "en el caso de que la Comunidad Autónoma acordase unilateralmente el rescate de la concesión", la Administración General del Estado "tendría que asumir de manera inmediata unas indemnizaciones a la sociedad concesionaria que estarían cifradas, en al menos 4.300 millones de euros, importe correspondiente al peaje que dejaría de recibir hasta el momento previsto para el fin de la concesión".
No obstante, la proposición de ley del Parlamento de Galicia únicamente contempla el traspaso de la titularidad a la Comunidad gallega.
El Gobierno apunta que "no existen consignaciones en los créditos presupuestarios del Ministerio de Fomento para el ejercicio 2016 que permitan afrontar dicho pago". Por ello, informa "desfavorablemente" a la proposición de ley de transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia.
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