En esta proposición de ley, que los nacionalistas vascos recuperan de la legislatura pasada, el PNV reconoce que "la seguridad y la defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido", pero considera que tanto ese valor como su "resguardo" no es "absoluto", pues "debe dialogar con otros valores y principios constitucionalmente protegidos".
Ya que tanto el Congreso como el Senado son informados de las materias clasificadas, los nacionalistas vascos piden ahora "abordar la adaptación de este valor a la sensibilidad social vigente respecto a la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad".
PRÓRROGA EXCEPCIONAL Y MOTIVADA POR OTROS 10 AÑOS
De este modo, quieren que la ley recoja la "obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años".
Además, el texto de reforma que propone el PNV contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos de la propusieron.
También plantea suprimir la referencia "a la naturaleza, secreta o no", de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, al considerar que esta es una cuestión que sólo compete a los respectivos reglamentos de estas Cámaras.
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