En un comunicado, ha valorado que los expertos hayan determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por lo que "el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta".
En este sentido, Jiménez ha resaltado que "por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar".
No obstante, ha lamentado que "la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca, les ha dejado como legado algo similar a un 'Chernobil', ya que, según los expertos, ni se puede desmantelar ni se puede volver a utilizar".
Jiménez ha recordado que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de Les Corts, una iniciativa que fue aprobada hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de "exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez".
DOLO O NEGLIGENCIA
La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía "incurrió en dolo o negligencia imputable" y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la
empresa Escal UGS, "por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén".
El parlamentario ha señalado que Podemos considera "injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía".
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