La Mesa del Congreso ha acordado de nuevo que no procede la toma en consideración por el pleno de la proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y de las competencias de la autopista AP-9 a Galicia, presentada por el Parlamento autonómico.
La decisión fue adoptada en la reunión de la Mesa del pasado martes 5 de septiembre, y remitida este jueves (nueve días después) a la Cámara gallega.
En una resolución que firma la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, la Mesa rechaza que se tome en consideración por el pleno la citada proposición de ley "expresada por el Gobierno su disconformidad".
De hecho, establece que, "de acuerdo con el criterio incluido" en el informe que elaboró en su día el Ministerio de Fomento, "la aprobación de esta proposición de ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios". Fue por esto por lo que el Gobierno no prestó su conformidad para su tramitación, "en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución".
EL INFORME Y LO QUE PASÓ DESPUÉS
A finales de junio trascendió ya el contenido de dicho informe, con el que el Gobierno central volvía a vetar (por segunda vez) la tramitación en las Cortes de la proposición de ley de transferencia a Galicia de la Autopista del Atlántico, la AP-9.
El informe del Ministerio de Fomento contrario a la tramitación de la iniciativa, aprobada en el Parlamento gallego por unanimidad, fue aportado a la Cámara Baja por el Ministerio de la Presidencia con fecha del 29 de junio.
En el documento --que la Mesa incorpora ahora a su resolución--, Fomento concluye que "la aprobación de esta proposición de ley generaría un aumento de los créditos presupuestarios". En concreto, en uno de sus puntos, el departamento de Íñigo de la Serna hace referencia a la incidencia presupuestaria de la proposición de ley, y recuerda que las obras en marcha en virtud de un convenio de 2011 "representan a día de hoy una inversión de 224 millones de euros".
También alude a diferentes convenios para la bonificación de peajes, aspecto en el que se produjo un cambio después de la redacción del informe: la Administración General del Estado consideró "conveniente dar la conformidad" a la solicitud presentada por la Xunta y asumir "por sí sola" el coste de la financiación de las gratuidades de los recorridos O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala, e inversos, de la autopista AP-9, "en su totalidad".
Esta medida, adoptada en julio, fue defendida posteriormente por De la Serna durante una visita a Galicia, en la que compareció junto al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. El ministro utilizó entonces como argumento la crisis con Cataluña para negar el debate del eventual traspaso, al alegar que transferir la AP-9 a Galicia provocaría "numerosos pasos" similares en otras comunidades autónomas, sin un horizonte "final", lo que conllevaría un "cierto desmantelamiento" de la red viaria estatal.
Recién iniciado el curso político, la Mesa, en su reunión del 5 de septiembre, concluyó que no procede la toma en consideración por el pleno y también comunicarlo al autor de la iniciativa (el Pazo do Hórreo) y al Gobierno.
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