CiU pide en el Congreso que el Gobierno impulse la anulación de sentencias ilegítimas e ilegales, según la ley

La Ley de la Memoria volverá a debate en el Congreso el día 21 con una moción de IU-ICV que exige su desarrollo completo en seis meses

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de CiU se ha sumado las formaciones que, como ERC, IU e ICV exigen al Gobierno que siga impulsando medidas en favor de la recuperación de la memoria histórica. Ahora los nacionalistas catalanes han registrado una iniciativa en el Congreso en la que reclaman al Ejecutivo que dé instrucciones a la Fiscalía para que impulse la anulación de las sentencias dictadas por motivos políticos o religiosos durante la Guerra Civil y la dictadura.

La coalición nacionalista, que quiere que este asunto se discuta en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, justifica esta petición en las previsiones de la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, que ya declaró ilegítimos los tribunales que dictaron esos fallos e ilegales las leyes en las que se ampararon.

En concreto, los nacionalistas catalanes recuerdan que esa norma declara ilegítimos los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que fueron constituido para imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como las resoluciones que pudieran dictar.

Asimismo, recalcan que la misma ley incluye una declaración "expresa" de derogación de un gran número de normas dictadas durante la contienda civil y la dictadura que sirvieron la base para esas sentencias.

PASIVIDAD DEL GOBIERNO

"Estas dos declaraciones de la citada ley, entre otras consecuencias, se manifiestan como la base para iniciar el proceso de anulación de todas aquellas resoluciones dictadas en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas", argumenta CiU.

Esta formación reprocha al Gobierno que no haya adoptado "ninguna posición decidida" para "proceder en justicia en favor de aquellos que sufrieron la aplicación de leyes y procedimientos manifiestamente antidemocráticos", pese a que así se lo han solicitado "amplios sectores sociales".

Ante esta pasividad, los nacionalistas catalanes han optado por llevar el asunto al Congreso con la intención de que sea la Cámara la que inste al Gobierno a dar instrucciones a la Fiscalía para que impulse la anulación judicial de las resoluciones dictadas por los órganos penales o administrativos que durante la guerra o la dictadura impusiera condenas o sanciones de carácter personal por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas.

Aunque aún no hay fecha para el debate de esta iniciativa, este asunto será uno de los que se discuta el próximo día 21 de abril en el Pleno del Congreso cuando se analice la moción planteada por IU e ICV para que el Gobierno garantice que en seis meses la Ley de Memoria estará completamente desarrollada.

SI HAY SÍMBOLOS, NO HAY SUBVENCIONES

Uno de los 17 puntos de los que consta el texto de IU e ICV persigue, precisamente, que, en este año se cree una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

Con esta iniciativa, IU e ICV pretenden que el Congreso inste al Gobierno a dar cumplimiento en un plazo de seis meses a todos los preceptos de la conocida como Ley de Memoria Histórica, incluido el que establece la retirada de los símbolos franquistas. También plantean que el Ejecutivo haga uso de la facultad que le concede la norma para no conceder subvenciones a aquellas instituciones o propietarios privados que mantengan este tipo de simbología, incluida la Iglesia Católica.

Estas formaciones confían en poder sacar adelante los puntos relativos a la creación de un mapa de fosas y otro de obras realizadas mediante trabajos forzados, a la retirada de los símbolos franquistas y a la agrupación, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, de los fondos documentales relativos a la Guerra y la Dictadura.

Pero IU e ICV también han incluido en la moción reivindicaciones que van más allá de la norma, aunque asumen que no serán aprobadas. Entre otras cosas, reclaman la creación de una Fiscalía y un Alto Comisionado especiales para las víctimas de la contienda y la dictadura, que el Ministerio Público promueva la anulación de las sentencias dictadas de forma ilegítima por tribunales franquistas, y que se subvencione la localización, exhumación e identificación de las víctimas cuyos cuerpos siguen desaparecidos.