¿Tienen los parlamentarios en Irán libertad de expresión?

Ana Cárdenes

Teherán, 8 ene.- Las críticas a la Justicia del diputado iraní Ali Motahari y su consiguiente imputación por "insultos" al poder judicial han abierto el debate en el país sobre si los parlamentarios tienen o no libertad de expresión e inmunidad en sus intervenciones ante la Cámara.

El pasado 29 de diciembre, Motahari hizo una durísima intervención en el Parlamento contra el sistema judicial, en relación a la falta de enjuiciamiento y a las largas penas de varios de los involucrados en la Marea Verde, las masivas manifestaciones de 2009 que siguieron a la polémica reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad, que la oposición consideró un fraude.

El diputado criticó directamente al presidente del poder Judicial, el ayatolá Sadegh Larijani, por mantener bajo arresto domiciliario y sin juicio a los dos candidatos presidenciales que rechazaron los resultados, Mir Hosein Musavi y Mehdi Karrubi, y acusó a su institución de actuar "bajo influencia de los organismos de Seguridad e Inteligencia".

Motahari fue aún más lejos e instó a la Justicia a someter a juicio también a Ahmadineyad, para solucionar de una vez por todas lo que los sectores oficiales y conservadores iraníes denominan "la sedición de 88 (2009)".

Además, cuestionó las largas condenas impuestas a los manifestantes que sí fueron juzgados y preguntó cuál fue su crimen "más allá de criticar el sistema".

"¿Estas sentencias fueron emitidas por un juez justo e independiente o por un juez bajo las órdenes de los interrogadores y agentes de la Inteligencia?", preguntó el legislador.

Un día después, era imputado penalmente por el Fiscal General de Teherán, por "insultar" a la Justicia.

El 4 de enero se bloqueó el acceso a su página web personal, aunque el Ministerio de Inteligencia negó haber ordenado ese veto.

El portavoz de Justicia y Fiscal General, Gholam Hosein Mohsen Ejei, señaló que "según la Constitución los diputados pueden expresar sus opiniones en el marco de sus tareas", pero agregó que pueden ser perseguidos judicialmente si insultan a una persona o institución.

"Insultar no está entre las tareas de los parlamentarios y pueden ser imputados por ello. La cuestión es si disfrutan de inmunidad absoluta y, en su interpretación de la Constitución, el Consejo de Guardianes ha dicho que la inmunidad no significa que, si un diputado comete un crimen, la Judicatura no pueda imputarle", declaró Ejei a la agencia Fars.

Ejei aprovechó para decir que el "pecado" cometido por el Movimiento Verde, que impulsó las protestas, es "imperdonable" y argumentó que, si no se ha juzgado aún a sus líderes, es solo por la "amabilidad" de su departamento.

Un comandante del poderoso Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, Gholam Hosein Gehybparvar, llegó a acusar a Motahari "mentalmente inestable".

La reacción de la Fiscalía ha reabierto el debate sobre las garantías a la libertad de expresión de los diputados y la necesidad de que sean inmunes por sus intervenciones en la Cámara.

Los sectores más conservadores consideran intolerables discursos como el de Motahari y exigen que se le penalice, mientras los más moderados piden respeto a la libertad de expresión en el seno del Legislativo.

El periódico moderado "Arman" recordaba esta semana que el artículo 84 de la Constitución garantiza a "todo representante el derecho a expresar sus opiniones en todos los asuntos del país" y el 86 afirma que los diputados son "completamente libres para expresar su opinión y votar en el desarrollo de sus funciones y no pueden ser juzgados o arrestados por opiniones o votos expresados en el Parlamento".

El diario considera "una gran limitación" que la inmunidad parlamentaria no esté garantizada.

Además, argumenta que, "si se considera cualquier tipo de crítica un insulto, entonces hay numerosos casos similares" en el Parlamento.

También defendía esta postura el rotativo conservador Jomhuri-ye Eslami que afirmaba que los diputados "pueden comentar en todos los asuntos del país y expresar sus opiniones sobre normas y propuestas. Nadie puede preguntar por qué un parlamentario ha criticado a la Justicia y cuestionado las acciones de sus funcionarios".

Motahari, defendía este diario, no ha hecho más que "ejercer su derecho constitucional como parlamentario a llevar a cabo su obligación legal. Su discurso no sugiere que toda la Justicia y sus funcionarios sean incompetentes", por lo que "no hay ninguna justificación legal para imputarle".

El atrevido legislador, por su parte, ha respondido a su inculpación con una carta en la que afirma que "un representante del Parlamento tiene derecho a comentar sobre todos los asuntos del país".

"Esta imputación huele a despotismo. Sería mejor que la Justicia tolerase las críticas y respondiese a las preguntas como signo de respeto a la Cámara", afirma en la misiva.