El 16 de enero de 1992, con la mediación de la ONU, el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani(1989-1994) y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda en el gobierno desde 2009) firmaron los acuerdos de paz para poner fin a la guerra que dejó 75.000 muertos.
"Los acuerdos de paz abrieron en 1992 los espacios de participación política pero la parte social no se atendió correctamente y hoy tenemos la zozobra de las pandillas", declaró a la AFP el analista y excomandante guerrillero, Juan Ramón Medrano.
El auge de las bandas criminales se produjo porque "no hubo proyectos" para capacitar y dar empleo a los jóvenes, con lo cual "se fueron fortaleciendo las pandillas" que hoy tienen unos 70.000 miembros de los cuales 13.000 están encarcelados, estimó Medrano, ahora disidente del FMLN.
"El gobierno debe adoptar una política más inteligente y más decidida para que la Policía y el ejército tomen el control territorial, capturando a los verdaderos dirigentes de maras y evitando que otros cabecillas sigan conduciendo desde los centros penales las estructuras delincuenciales", estimó Medrano.
El Salvador pasó a ser una de las naciones sin guerra más violentas del mundo durante 2015, al acumular 6.657 homicidios, un promedio de 104 por cada 100.000 habitantes.
Esta es la cifra más alta de muertes violentas en los 24 años del proceso de paz, cercana a la cifra de 1983, en plena guerra civil, que fue de poco más de 7.000 homicidios.
Para salir de ambiente "crítico" de violencia y "recuperar" el estado de derecho, debe haber un acuerdo de nación "ya no para lograr la paz, sino para construir la pacificación, tomando en cuenta los trastornos y las distorsiones que imposibilitan la vida normal en el país", consignó este viernes en un editorial el matutino La Prensa Gráfica.
Para salir al paso de la criminalidad, el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz, adelantó el jueves que el gobierno buscar "cortar la cadena de mando" y "el financiamiento" que las pandillas hacen con extorsiones a la población.
La cruenta guerra civil salvadoreña se engendró por el cierre de los espacios de participación política, la represión de los regímenes militares y la injusticia social.
Con acuerdos de paz se instauró la democracia, el FMLN se desarmó y se transformó en partido político, mientras el ejército se sometió al poder civil y se creó una nueva Policía y la Procuraduría de Derechos Humanos.
"Es el momento de reflexionar a 24 años de los acuerdos de paz para saber qué hemos hecho bien y qué hemos dejado de hacer", declaró a la AFP el general retirado y actual diputado, Mauricio Vargas, signatario del acuerdo histórico en representación del ejército.
Para Vargas, el plan de paz "fue una reforma al sistema político exitosa", gracias a la cual la destrucción y la descalificación del contrario por su ideología se dejó a un lado y se compitió en igualdad de condiciones (en el plano electoral)".
Para la excomandante guerrillera y actual diputada Nidia Díaz, el acuerdo de paz planteó "una refundación" del Estado que se logró con 34 reformas a la Constitución de la República para "transformar y fortalecer a las instituciones poniendo en el centro a la persona humana".
"Se creó un sistema nuevo en el orden político, de un sistema excluyente a un sistema incluyente, ese paso es trascendental", reflexionó el excanciller Óscar Santamaría, otro de los firmantes de la paz.
Como "deudas heredadas del pasado" por superar, Vargas mencionó la exclusión social y la pobreza, que según un informe del gobierno y del PNUD, golpea a 35,2% de los hogares del país, aproximadamente 2,6 de los 6,4 millones de habitantes.
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