La violencia de género no solo estará limitada a las relaciones de pareja. Así será el Pacto de Estado

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, recoge en su artículo 1.1. que la violencia de género es una "manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres" que "se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia" y que "comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad".

En esta Ley, que data del Gobierno de Zapatero, una de las claves es que la violencia ha de ser ejercida por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia". Esta situación ha provocado casos llamativos y sangrantes para la opinión pública.

Por ejemplo, el hombre que se asesinó a su bebé tirándose por una ventana del hospital de La Paz no hubiera sido juzgado por un delito de violencia de género. O Morate, sospechoso de asesinar a su novia y una amiga, no será juzgado por un delito de violencia de género por la muerte de la que no era su pareja. O el hombre que fue detenido hace unos días en Daimiel, Ciudad Real, por el asesinato de su pareja y de la hija de esta, de 18 años. La segunda no contará como violencia machista.

En definitiva, la Ley de 2004 solo define como violencia de género las agresiones que tengan lugar en el marco de una relación sentimental, actual o pasada. Esto es precisamente lo que todos los partidos políticos están a favor de modificar. Para ello se ha creado una subcomisión en el Congreso de los Diputados de la que saldrá el que podría ser el primer Pacto de Estado de los últimos años: el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Esa es precisamente una de las recomendaciones del Convenio de Estambul, que fue ratificado por España en 2014. En él se contempla que sean consideradas también violencia de género otro tipo de agresiones, como las sexuales, las violaciones, el acoso, los casos de trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital o el matrimonio forzado.

Por la subcomisión en el Congreso pasarán en los próximos meses más de 60 expertos a razón de seis por semana. Las primeras comparecencias ya han comenzado y de ellas saldrá un documento consensuado por los grupos parlamentarios a partir del cual el Ministerio de Sanidad comenzará a negociar con las Comunidades Autónomas y otros organismos, como el CGPJ.

Si hay acuerdos el Pacto de Estado podrá ser una realidad este verano. Aún queda camino por recorrer, pero hay disposición de todas las formaciones políticos por avanzar y mejorar una ley que no es mala pero que tiene carencias.