Arcos.- PP de la Diputación de Málaga se persona como acusación en el caso y exige al PSOE-A responsabilidades

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS) El portavoz del PP en la Diputación Provincial, Francisco Salado, entregó hoy a la jueza que investiga el caso 'Arcos', Irene Urbón, documentos que, según él, revelan que el PSOE "miró hacia otro lado" ante los hechos que ocurrían en Alcaucín, y exigió responsabilidades políticas a su dirección regional. Además, anunció que el grupo popular del ente supramunicipal se ha personado como acusación particular. Según explicó Salado a los periodistas, "los partidos tienen que estar para que se cumpla la legalidad en cualquier ámbito", al tiempo que expuso que el caso 'Arcos', contra la presunta corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín "afecta muy de lleno a la Diputación Provincial de Málaga". A este respecto, apuntó que deben exigirse "responsabilidades políticas" a los cargos provinciales y regionales del PSOE, "porque sabían lo que estaba ocurriendo y miraban para otro lado". Aseguró que la dirección provincial del PP ha recibido documentos de forma anónima que indican "claramente" que hay escritos dirigidos a miembros de la anterior ejecutiva provincial socialista, como Luis Reina, en calidad de secretario de Política Municipal; Juan Paniagua como presidente, Marisa Bustinduy, como secretaria general, y Francisco Fernández España, como secretario de organización, que informan de las presuntas irregularidades urbanísticas que se estaban cometiendo en el municipio de Alcaucín. Salado concretó que algunos de estos documentos enviados a los cargos de la ejecutiva provincial del PSOE han sido remitido por asociaciones, personas individuales y afiliados de esta formación de Alcaucín. CONOCIMIENTO DESDE 2006 Afirmó que el PSOE tenía conocimiento de estos escritos desde junio de 2006 y que siguió recibiendo misivas que relataban las irregularidades hasta diciembre de 2007. Uno de los documentos, facilitado a la dirección provincial popular por un afiliado socialista, expone, según Salado, "la situación que soporta, en aquellos momentos, el PSOE de Alcaucín, la situación urbanística, el miedo que tiene de que el escándalo estalle y perjudique a la imagen del Partido Socialista, por lo que solicita que se actúe". Precisó, asimismo, ante la cercanía de la elaboración de las listas del PSOE a las elecciones municipales de 2007, hay un escrito enviado a la dirección provincial en junio de 2006 que solicita la creación de un nuevo comité en Alcaucín y de una gestora, "para que la lista no la controle el alcalde, el cual tiene un poder sobre todo en la organización", y ésta sea realizada por la dirección provincial. A juicio de Salado, a pesar de la existencia de estos escritos en aquellas fechas, "la dirección provincial del PSOE los tira a la basura y propone de alcalde al alcalde imputado". Ante esta situación, sostiene que el afiliado socialista que revela las irregularidades que acontecen en Alcaucín dirige los escritos al Comité Regional de Ética del PSOE, y que este órgano "le da la callada por respuesta, e incluso le hace una amenaza velada", argumentando que una de las competencias de este comité es "velar por la honorabilidad y el patrimonio del partido, que son las personas que lo representan". Así pues, recalcó que "estos documentos existen" y que deben estar en posesión del Partido Socialista, a quien exigió "responsabilidades políticas" desde su dirección regional, ante unos hechos que calificó de "muy graves", ya que, según razonó, "los cargos públicos tenemos la obligación cuando conocemos la comisión de un delito de ponerlo ante los tribunales de justicia. Y esto no se ha hecho por parte del PSOE de Málaga". Expresó que los documentos muestran "todo lo que estaba ocurriendo en Alcaucín, como todas las vinculaciones familiares del alcalde, el supuesto incremento del patrimonio del alcalde y de sus hijos, y el asunto de Crocasa". "Es muy grave que se estén cometiendo irregularidades urbanísticas y que un partido mire hacia otro lado por tener una cuota de poder y una alcaldía, y no defender la legalidad urbanística de una zona de la Axarquía", afirmó el portavoz popular de Diputación. CULPA A LA JUNTA Indicó que han entregado también a la instructora las denuncias emitidas por el defensor del Pueblo Andaluz y por la Junta de Andalucía, a quien culpó de "ser corresponsable de lo que ha pasado en Alcaucín, porque claramente queda en estos documentos demostrado que inspecciona, informa, y dice en su informe que se está construyendo en zona rústica y a pesar de ello archiva el caso". A este respecto, concluyó que "ante esa connivencia con la corrupción solo queda pedir responsabilidades políticas y penales, y eso es lo que va a hacer el Partido Popular".