ASPAYM interpone en un año 23 denuncias ante Ayuntamientos de Mallorca por no eliminar barreras arquitectónicas

Las denuncias iban dirigidas fundamentalmente contra entidades financieras y farmacias que incumplían la Ley en esta materia

PALMA DE MALLORCA, 17 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Parapléjicos y grandes minusválidos (ASPAYM) ha interpuesto desde el pasado junio de 2008 un total de 23 denuncias ante los Ayuntamientos de Palma, Marratxí y Campanet por incumplir la Ley de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, aprobada en 1993, y que fijaba el 21 de mayo de 2008 como fecha límite para que todos los espacios y edificios de titularidad pública y privada estén adaptados arquitectónicamente para pemitir su acceso a personas con movilidad reducida y minusválidos.

Tras firmar un convenio con el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Carles Manera, para la puesta en marcha de una serie de cursos telemáticos dirigidos a personas con algún tipo de discapacidad, el vicepresidente y responsable del Área de Accesibilidad de ASPAYM, Guillem Fullana, informó de que la mayoría de las denuncias iban dirigidas a las entidades financieras Banca March, Banco Santander y Banco Crédito Balear, así como a varias farmacias que no habían eliminado barreras arquitectónicas.

Fullana explicó que una vez se presenta la denuncia al Ayuntamiento, esta institución tiene un plazo de tres meses para garantizar que la institución pública o privada denunciada elimine la barrera arquitectónica y, en caso de que no lo haga, el Consell Insular debe actuar de manera subsidiaria abriendo un expediente y obligando a cumplir la Ley.

Sin embargo, indicó que existe una denuncia presentada hace nueve meses ante el Ayuntamiento de Campanet contra la existencia de un escalón en la entrada de la Posada de Biniatró y, sin embargo, criticó que el Consell de Mallorca no ha abierto siquiera un expediente contra este museo.

Así, reveló que Aspaym ha tomado la decisión de trasladar esta denuncia ante los tribunales, después de que ni el Ayuntamiento de Campanet ni el Consell de Mallorca hayan hecho nada por eliminar esta barrera arquitectónica, si bien apuntó que mientras la institución insular no remita el expediente a su organización, ésta no podrá tener derecho a la justicia gratuita.

Fullana recordó que la citada normativa daba un plazo de 15 años a las instituciones públicas y a las empresas privadas para cumplir el objetivo de eliminar todos los obstáculos para las personas con movilidad reducida y, por este motivo, indicó que a partir del pasado 21 de mayo de 2008, cualquier ciudadano tiene la libertad de interponer una denuncia contra aquellas administraciones públicas o privadas que mantengan las barreras arquitectónicas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)