Casos de corrupción con numerosos políticos imputados colapsan la actividad judicial de Baleares

PALMA DE MALLORCA, 11 (EUROPA PRESS)

Ejercen o han desarrollado su trabajo en el Parlament, en el Consell o al frente de un Ayuntamiento pero su trayectoria acabó topándose con la justicia. Y es que más de una veintena de políticos se encuentran imputados en numerosos casos de corrupción que han desbordado la actividad judicial de Baleares, principalmente ante el aluvión de denuncias registradas contra delitos relacionados con el urbanismo ilegal y el desvío de caudales públicos a intereses privados.

Causas que en su mayoría se encuentran inmersas en pleno proceso de instrucción, frente a otras cuyas investigaciones están en su fase más inicial y algunas esperan en breve a ser enjuiciadas. Tres de ellas se perfilan como las próximas que irán a juicio oral e implican al ex concejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, y al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, ambos a punto de sentarse en el banquillo de los acusados -éste último por tercera vez dentro del caso Andratx-.

Todo se desató cuando la Operación Voramar puso en jaque, por primera vez en los últimos años, a los responsables políticos de las islas. La Fiscalía Anticorrupción impulsó el 27 de noviembre de 2007 una gran investigación contra la corrupción urbanística, el mismo día en el que precisamente fueron detenidos el ex alcalde de la localidad mallorquina, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, principales imputados dentro de una compleja causa dividida en casi setenta piezas.

De este procedimiento ya se han celebrado dos vistas orales y en la tercera que hay prevista Massot será el único acusado. Una vivienda en suelo protegido -la de Hidalgo-, un restaurante ilegal de su hermano Carlos, y el asesoramiento urbanístico presuntamente fraudulento desde la sociedad Territorio Asesores por parte de Massot centran cada una de estas tres piezas.

Otro de los principales casos en manos de la justicia es el de Son Oms, en el que se encuentra imputado el diputado y ex portavoz parlamentario de UM, Bartomeu Vicens, y por el que se investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono industrial palmesano, llevado a cabo en los noventa, se cometieron delitos de alcance millonario mediante el cobro de hasta un 15 por ciento de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.

Sin embargo, ésta no es la única causa en la que Vicens está imputado. También lo está en el caso Can Domenge, que ha regresado a la actualidad a raíz de la reciente imputación del conseller de Turismo, Miquel Nadal (UM). Un procedimiento puesto en marcha debido a la querella presentada por Núñez i Navarro para denunciar un presunto delito de malversación, después de que la UTE adjudicataria del solar en el concurso convocado por el Consell de Mallorca pagase 30 millones de euros por los terrenos, la mitad del precio máximo de tasación.

La tercera causa en la que Vicens está implicado es la relativa al Plan Territorial de Mallorca, donde también estaría implicado el diputado del PP y ex conseller de Medio Ambiente, Jaume Font. Las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 6 giran en torno a una supuesta trama de corrupción que habrían generado "pelotazos" por valor de unos 300 millones de euros, derivados de las plusvalías de la compraventa de terrenos.

Mientras tanto, el último caso que ha salido a la luz es la denominada Operación Peaje, por la que han sido detenidas 18 personas y en la que han sido imputados el vicepresidente del Consell, Antoni Pascual, el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, y dos funcionarios de la Institución insular por la presunta trama urdida la legislatura pasada en torno a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, mediante el desvío de dinero público a obras privadas facturadas como si formasen parte de los trabajos de construcción.

Y si a número de implicados se refiere, el caso Scala es uno de los que cuenta con más imputados -más de veinte-, entre ellos el diputado del PP Josep Juan Cardona, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del disuelto Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), dependiente del Govern, Antònia Ordinas. La operación investiga la presunta trama dirigida por Ordinas para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Más recientemente arrancó la instrucción judicial en torno a las irregularidades cometidas por el ex secretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Ángel Bonet, a quien se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental por haber defraudado unos 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 desde la empresa pública, pese a haber confesado ante el juez que la cantidad desviada asciende a 85.000 euros.

Por otro lado, también el Juzgado de Instrucción número 6 se encarga del caso por las presuntas irregularidades cometidas la pasada legislatura desde el consorcio Turisme Jove, que podrían suponer un fraude de tres millones de euros, un procedimiento en el que se encuentran imputados el ex gerente Damià Amengual, el ex jefe de obras y mantenimiento del consorcio, Juan Francisco Gosálbez, y el ex director general de Juventud, Francisco Gálvez.

Cabe recordar asimismo la detención el pasado año del ex gerente de Bitel, Damià Vidal, por una presunta malversación de 700.000 euros. El juez le dejó en libertad bajo fianza de 200.000 euros, la más alta impuesta para eludir el ingreso en prisión junto a la que se le decretó a Massot, que salió de la cárcel tras abonar la misma cantidad.

Ya en ámbito municipal, destaca la implicación de Rodrigo de Santos en tres procedimientos por presuntos abusos sexuales a menores -sumario que se encuentra pendiente de juicio y por el que el ex concejal salió recientemente de prisión, en la que se encontraba de forma provisional sin fianza-; por malversar más de 50.000 euros de las arcas públicas en locales de alterne masculinos -caso que está a la espera de que se convoque un jurado popular para su inminente enjuiciamiento-, y por la adjudicación irregular de un castillo infantil del Parque de Sa Riera.

En Ibiza se investiga el caso Eivissa Centre, en el que está imputado el presidente del Consell Insular, Xicu Tarrés. Algunos socialistas ibicencos habrían aceptado el presunto pago de comisiones ilegales por parte de la constructora Brues a cambio de adjudicarle la ejecución del proyecto urbanístico Eivissa Centre, para la remodelación urbanística del centro de la ciudad.

Otros políticos ya han conocido su sentencia, después de años de instucción de sus respectivos procesos. Tal es el caso del ex concejal de Llucmajor, Joaquín Rabasco -condenado el pasado año a seis años de prisión- y el ex alcalde del municipio, Lluc Tomàs -sobre quien pesan tres años de cárcel dentro del mismo caso-, pese a que la resolución no es firme y ha sido recurrida. Mientras tanto, doce dirigentes y ex cargos del PP de once Consistorios mallorquines han sido finalmente absueltos dentro del caso Caballistas, tras tres años de investigaciones y un juicio con hasta 14 acusados.