Conseller balear critica el "espectáculo" tras su denuncia ante la Fiscalía de 3,8 millones "irregulares" del Metro

PALMA DE MALLORCA, 17 (EUROPA PRESS) El conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio del gobierno baleaer, Gabriel Vicens, criticó hoy el "espectáculo" que se ha creado, tras su decisión de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción los 3,8 millones de euros "irregulares" en las obras del Metro y, en este sentido, preguntó al PP "si pretendía que cogiéramos toda esta documentación y la metiésemos en un cajón". En los pasillos del Parlament, Vicens respondió así a la portavoz del PP en materia de Transportes, Mabel Cabrer, quien ayer desveló que dos ingenieros Pau Cavaller y Juan Herranz, de las empresas INECO y Grusamar, que fueron contratadas "a dedo" por el actual Ejecutivo balear para llevar a cabo las auditorías del suburbano, han pasado a integrar el personal laboral de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM). Vicens insistió en que "no ha acusado a ninguno", sino que "simplemente", tras encargar una auditoría técnica de las obras del Metro a la empresa INECO-TIFSA, así como una posterior auditoría jurídica al gabinete de Miquel Coca se descubrió 2,5 millones de euros correspondientes a obras certificadas y que no estaban ejecutadas y 1,3 millones abonados sin ningún tipo de contrato por parte de SFM a la Consultora Global TM, encargada de controlar los trabajos de este medio de transporte. El conseller reiteró que tomó la decisión de poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía debido a que "no tenía respuesta" ante estas "irregularidades" y remarcó que lo único que ha hecho es cumplir con su obligación "con toda corrección y respeto", dado que, a su juicio, "los ciudadanos necesitan explicaciones". Por otra parte, apuntó que tras concluir la auditoría técnica y jurídica, la Conselleria intentó "recuperar de manera civil los máximos caudales públicos que se habían malgastado" en las obras del Metro", algo que, a su juicio, conllevará un proceso "largo". Además, y de manera independiente, puso en conocimiento de la Justicia varias irregularidades durante los trabajos de esta infraestructura, que podrían ascender a 3,8 millones de euros.