Ecologistas informa a la Fiscalía de posibles construcciones ilegales en embalse de Orellana y Sierra San Pedro

El colectivo estudia personarse como acusación particular en el caso del chalet de la mujer del alcalde de Villanueva de La Serena MÉRIDA, 12 (EUROPA PRESS) El colectivo Ecologistas Extremadura anunció hoy a través de un comunicado de prensa que ha informado ante las fiscalías de medio ambiente y los respectivos ayuntamientos sobre "nuevos" casos de "delitos ecológicos y urbanísticos" por construcciones "presuntamente ilegales" en varias zonas de la región, en concreto en el ZIR, ZEPA, LIC y humedal Ramsar del Embalse de Orellana y Sierra de Pela. Asimismo, indicó que también han seguido "denunciando" construcciones "ilegales" en El ZIR y ZEPA de Sierra de San Pedro, en el término municipal de Cáceres, y algunas obras, como las que según dijo se llevan a cabo en las proximidades de la localidad de Guadalupe, y situadas en un área "declarada protegida" bajo dos figuras, en concreto, el "Corredor Ecológico y de Biodiversidad del río Guadalupejo" y el "LIC Río Guadalupejo", explican. En este último caso se trata, según el colectivo, de trabajos de explanación del terreno, y que "presuntamente tienen como finalidad la construcción de un chalet particular en un entorno de gran valor paisajístico: en la cabecera del río Guadalupejo, aguas abajo del embalse de abastecimiento de Guadalupe". POSIBLE PERSONACIÓN CHALET ORELLANA La asociación ecologista apuntó también que se encontraba "en proceso de presentar denuncia" contra la construcción "ilegal" de la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena cuando se ha conocido la interpuesta directamente por el Seprona. Tras felicitar al Seprona por dicha actuación, Ecologistas Extremadura anunció no obstante que estudia personarse en ésta y otras causas por construcciones "ilegales" como acusación particular "para apoyar la acción de la justicia y el respeto al medio ambiente". Los ecologistas se felicitaron asimismo por el "rumbo" que están tomando los acontecimientos en relación con los "delitos urbanísticos" en la comunidad autónoma, después del "gran número" de infracciones urbanísticas ("presuntos delitos") que según apuntaron ellos han "denunciado" en "La Vera, Sierra de San Pedro, Villuercas, Llanos de Cáceres o el propio Embalse de Orellana y Sierra de Pela". "Parece ser que tanto las autoridades judiciales como el Seprona están tomando en serio el problema", sentenció el colectivo, que confía en que "en breve empiecen a emitirse las primeras sentencias de derribo y restauración del ecosistema". Lamentaron, no obstante, que no se pueda decir "lo mismo" de la Junta de Extremadura y sus consejerías "implicadas". "No por no contar con unos excelentes profesionales en sus filas, como por ejemplo en la Guardería de Medio Natural, sino por estar dirigida por los mismos políticos que este mismo fin de semana apoyaban al alcalde de Villanueva de la Serena en la rueda de prensa celebrada por éste y cuya esposa ha sido implicada en el presunto delito urbanístico ya conocido por todos", explicaron. En concreto, recordaron que en dicha comparecencia acompañaban al primer edil el consejero de Fomento, José Luis Quintana, cuya consejería "paradójicamente será la encargada de sancionar las infracciones cometidas en el caso de que la sentencia de los tribunales sea condenatoria". En este sentido, añadieron que otra de las personas que "parece dar soporte" al alcalde es la consejera de Economía, Dolores Aguilar, quien "ostentó la presidencia de la Junta Rectora del ZIR de Orellana y Sierra de Pela, es decir una persona que supuestamente debería haber velado por la conservación de este espacio natural y haber impedido actuaciones como las de la esposa del alcalde de Villanueva", apuntaron. LEGALIZACIÓN "NEFASTA" Por otra parte, el colectivo ecologista calificó como "más nefasta aún" la posibilidad, manifestada en los medios de comunicación por algunos representantes del PSOE extremeño, de "legalizar las construcciones ilegales de este y otros enclaves afectados en Extremadura". Consideran así los ecologistas como "muy grave la irresponsabilidad y la hipocresía de este partido en la región (el PSOE), pues por una parte legisla para impedir los atentados ambientales y por otra favorece la impunidad pasando por alto todos estos delitos". CASO DEL ALCALDE Con respecto al alcalde de Villanueva de la Serena, según dijo, "quizás no haya tenido responsabilidad jurídica en los hechos, pero sería necesario comprobar quien contactó y contrató a las distintas empresas constructoras, y quien gestionó y participó en el control de las obras". Además, señaló que "habría que intentar averiguar la procedencia del dinero con que se han pagado las obras y su fiscalización, por ejemplo el pago del IVA". "Sea como fuere, lo que sí es reprobable es que este alcalde pretenda hacer creer un desconocimiento de la ley cuando, como cualquier otro alcalde, tiene que firmar o conceder las licencias de obras de su municipio -con lo que ello conlleva de pago de impuestos y permisos burocráticos-, y sin embargo no le parece extraño que no las haya solicitado ni realizado su esposa en la construcción del chalet de Orellana", indicó el colectivo. Igualmente "pernicioso" le parece a Ecologistas Extremadura que "ni siquiera se planteé el delito ambiental presuntamente cometido por construir en un espacio como Orellana con tres figuras de protección autonómicas y europeas y con un importante reconocimiento internacional por estar incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar".