El PSOE pide al juzgado que se pronuncie para evitar la moción de censura en Yeles (Toledo)

Los socialistas esperan la actuación del PP sobre "esta cuadrilla" y anuncian que presentarán documentos ante la Fiscalía Anticorrupción TOLEDO, 1 (EUROPA PRESS) El vicesecretario provincial del PSOE en Toledo, Jesús Fernández Vaquero, y la alcaldesa socialista de Yeles, Isabel Gómez, pidieron hoy públicamente y a través de un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas (Toledo), que este organismo se pronuncie sobre la suspensión cautelar de Victoriano de Pinto, ex alcalde de la localidad, para así evitar que el próximo sábado, 4 de abril, prospere la moción de censura interpuesta por el Grupo Municipal Popular contra la actual alcaldesa "con la pretensión de tapar las irregularidades cometidas durante 20 años de legislatura". En rueda de prensa, acompañados de Miguel Padilla, miembro del partido Unión de Vecinos de Yeles (UVY), que actualmente forma coalición con el equipo de Gobierno del PSOE en la localidad, ambos dirigentes socialistas explicaron que la moción de censura fue presentada la pasada semana por los miembros del Grupo Municipal Popular, con el apoyo del tránsfuga Miguel Millán, que el pasado mes de junio abandonó el Partido Independiente de Yeles (PIY) por el que resultó elegido. Por esta razón, "nos hemos visto obligados a acudir a los medios de comunicación para alertar sobre esta situación", detalló Fernández Vaquero, quien aseguró que, de no haberse interpuesto dicha moción de censura, "todo habría seguido su cauce normal, a través de los Juzgados", de los que, por cierto, criticó la lentitud con la que llevan el proceso, ya que no consigue entender cómo no se han pronunciado todavía en ninguna de las causas denunciadas "desde hace casi dos años", cuando el PSOE entró a gobernar en el Ayuntamiento. Desde entonces, los socialistas han ido denunciando ante los Juzgados de Illescas diferentes irregularidades, la mayoría urbanísticas, que se produjeron durante los años de Gobierno del Partido Popular, con Victoriano de Pinto como alcalde, y durante los que él mismo, junto al presidente del Grupo Municipal Popular, José Manuel Flores; el aparejador municipal, José Luis Molina Millán, y la antigua secretaria del Ayuntamiento, María Victoria Quintana, crearon diversas empresas a sus nombres, con las que ellos mismos, desde el Ayuntamiento, se adjudicaron una serie de obras. Consideran que esta exposición, que los socialistas de Toledo ya han enviado a las respectivas sedes centrales del PSOE y del PP, así como a todos los medios de comunicación provinciales y nacionales, es suficiente para que los dirigentes del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y en la provincia de Toledo, Arturo García-Tizón, intervengan con el objetivo de frenar dichas irregularidades, así como la moción de censura que, de no conseguir los socialistas que actúen o el PP o el Juzgado número 5 de Illescas, se hará efectiva el próximo sábado. Sobre la misma, Isabel Gómez explicó que el juez no tiene derecho a suspender cautelarmente la moción, "pero sí puede inhabilitar a Victoriano de Pinto al existir indicios de graves delitos cometidos en el puesto que pretende recuperar", y de este modo, no prosperaría la moción de censura, ya que estarían en minoría. También reconoció no importarle dejar de ser alcaldesa de la localidad, porque con ello, dijo, "no saco ningún beneficio personal". Lo que sí lamentó fue que si el PP consigue que prospere la moción de censura para así acceder al Ayuntamiento "el trabajo tan duro de recopilación de documentos de estos dos últimos años quedará incompleto, ya que todavía hay muchas irregularidades que destapar", aseguró. "Con esto no salgo yo perdiendo, porque no se trata de partidos, sino de Justicia y del beneficio o perjuicio de un pueblo y sus ciudadanos", aclaró. "LA MAYOR TROPELÍA" De este modo, Fernández Vaquero e Isabel Gómez consideran suficientemente relevante la información recopilada por el Ayuntamiento de Yeles, por eso, también anunciaron que presentarán todos los documentos ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que se trata de "la mayor tropelía realizada por una cuadrilla de maleantes en muchos años en la provincia de Toledo", subrayó Fernández Vaquero, asegurando que el PSOE "no cejará hasta conseguir que vuelva la normalidad democrática a Yeles". "Ahora, que tanto le gustan a De Cospedal las comisiones de investigación, ¿por qué no realiza una en el Ayuntamiento de Yeles?", se preguntó el socialista, indicando que si le interesa "sólo tiene que ir a preguntar a los registros de la Propiedad y Mercantil para comprobar que los miembros de su partido han cometido estas irregularidades", al igual, subrayó, que podría hacer con el asunto de Caja Castilla La Mancha (CCM), del que dijo que "si quiere saber qué pasa, sólo tiene que preguntar", sentenció. Respecto a unas declaraciones del ex alcalde 'popular', Victoriano de Pinto, afirmando que existe una denuncia interpuesta por corrupción contra la actual alcaldesa socialista, Isabel Gómez dejó claro que con estas manifestaciones lo único que pretende el PP es "correr una cortina de humo para distraer a la gente", porque "tengo claro que a mí, ni a mi equipo de Gobierno, se nos puede acusar de irregularidades". Dicha denuncia está relacionada con la apertura de una residencia de mayores en la localidad, cuyas obras de reforma ejecutó la empresa del padre del concejal de UVY, Miguel Padilla, con la autorización del Ayuntamiento "cuando gobernaba el PP", por lo que "todo está legal", aseguró el propio Padilla, quien subrayó que "otra cosa es que no le guste la idea de que esta residencia funcione porque su hija tenga abierta otra en la localidad", apostilló. Entre los temas pendientes de resolución judicial, los socialistas se refirieron a un Centro de Atención a la Infancia (CAI), los Planes de Actuación Urbanizadora (PAU) de Marala y Torrecilla Grande, o la residencia del ex alcalde en el PAU La Morera, anteriormente referida. Además, existen otros temas pendientes de presentación ante la autoridad judicial que todavía no se han hecho efectivos debido a la falta de documentación "para hilar las cosas", relativos al campo de fútbol y a los PAU Casa y Campo, y La Explanada.