Gobierno canario ordena demoler obras "ilegales" en Mogán (Gran Canaria) e impone multa de 59.000 euros al responsable

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 (EUROPA PRESS)

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias ha ordenado la demolición de las obras "ilegales" ubicadas en la zona conocida como 'Las Burrillas' de Mogán (Gran Canaria) y ha impuesto al responsable de dichas obras una multa de 59.000 euros por "infracción administrativa grave" al texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.

La Apmun ha informado de ello en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), al no haber podido notificar "la misma a la interesada en su domicilio", según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

En la notificación, la Agencia le ha requerido a la ciudadana la reposición de la realidad "física alterada", así como la demolición de dichas obras. Esta medida afecta a la construcción de muros de contención y perimetral, así como a otros elementos, tales como un cuarto, dos soleras y una vivienda aislada de 116,5 metros cuadrados de superficie que están situados en suelo clasificado y categorizado como rústico residual.

Asimismo, se le ha solicitado al interesado, que en el plazo de un mes, presente ante la Apmun el correspondiente proyecto de restauración/demolición como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiendo que el incumplimiento de tal requerimiento provocará que la Agencia ejecute subsidiariamente la orden de demolición con cargo al afectado, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En cuanto a la sanción de 59.000 euros, se le ha impuesto al infractor por ejecutar las obras "sin contar con otras actuaciones, contraviniendo las condiciones bajo las que fueron otorgadas". Además, la Apmun informó a la interesada que si repone la realidad física alterada a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrá derecho a la reducción en un 90 por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador.