La oposición dice al Gobierno que se necesitó su concurso para aprobar las "grandes actuaciones" del municipio

Iglesias afirma que había desarrollos "excesivos" en La Muela, pero la ley de 1998 "los permitía"

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes de Aragón Partido Popular (PP) y Chunta Aragonesista (CHA) recordaron hoy al presidente del Gobierno autonómico, Marcelino Iglesias, que ninguna de las "grandes actuaciones" urbanísticas y medioambientales de La Muela habría sido posible sin el concurso de su gobierno, mientras que Izquierda Unida (IU) pidió al presidente una ley que impida hacer negocio con el urbanismo.

Así lo trasladaron al presidente durante las tres preguntas parlamentarias que formularon PP, CHA e IU en la sesión de control al Gobierno aragonés en el pleno de las Cortes.

Las tres estuvieron relacionadas con la trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia y por la que están en prisión preventiva la alcaldesa, María Victoria Pinilla, el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela y un empresario, imputados por delitos de índole económica.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, subrayó que las relaciones políticas de la alcaldesa María Victoria Pinilla con miembros del Gobierno de Aragón "han sido determinantes para que Pinilla logre sus objetivos" y señaló que "si no se hubiera presionado, no se habrían aprobado" los planteamientos urbanísticos en La Muela "y si no se hubieran aprobado, no hubiera ocurrido todo esto".

La presidenta del grupo de CHA, Nieves Ibeas, manifestó a Iglesias que ha sido su Gobierno quien "ha dado el visto bueno a las recalificaciones urbanísticas de La Muela, al Plan General de Ordenación Urbana, a urbanizaciones de millones de metros cuadrados sin estudio de impacto ambiental y ha autorizado la venta de todo tipo de parcelas públicas".

"Su gobierno está metido hasta el cuello en los trámites administrativos" de ese municipio, agregó Ibeas, y si no "pregúntele a sus consejeros a ver cuál ha sido la participación de su Gobierno en los expedientes administrativos, urbanísticos y medioambientales".

Por todo esto, la parlamentaria estimó que "no es correcto lo que usted está haciendo políticamente" porque, además, de que "desde su Gobierno han ensalzado públicamente las maneras que tenía de actuar ese ayuntamiento", Iglesias no está dando "respuesta política" a lo ocurrido porque al presidente le falta "vergüenza" y dignidad" para ejercer como un presidente de gobierno, aseveró Ibeas.

QUE NO HAYA NEGOCIO

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, recordó que las Cortes de Aragón están tramitando una nueva Ley de Urbanismo y propuso que puesto que siempre va a haber "corruptos, sinvergüenzas y chorizos", el Parlamento autonómico apruebe un texto legislativo con el que "a esa gente no le salga rentable hacer negocio".

En este sentido, comentó que el actual proyecto de ley sigue considerado al urbanismo y la vivienda "objeto de negocio", por lo que pidió modificarlo y redactar una ley "social y progresista" y en la que el urbanismo "no sea fuente de financiación".

El presidente de Aragón contestó a la propuesta de IU que "las leyes son muy importantes" y "tenemos que tener las mejores", pero "por sí solas no garantizan que quien quiere cometer delitos no los cometa" y supo como ejemplo el Código de Circulación.

El jefe del Ejecutivo autónomo añadió que, además de buenas leyes, "es imprescindible la honestidad y dignidad en el comportamiento de los responsables públicos" y apostó por conseguir el "máximo consenso" en la ley aragonesa en tramitación.

A PP y CHA, Iglesias les aseguró que había desarrollos de La Muela que no gustaban a su Gobierno por "excesivos", pero la ley de 1998 "los permitía" y por ese el Gobierno aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio.

Respecto a la ley de 1998, comentó que ya ha sido modificada y ahora ya no sería posible llevar a cabo el planeamiento urbanístico que se ha hecho en La Muela. Agregó que los delitos que hasta el momento ha imputado el juez son económicos, "gravísimos", pero no urbanísticos y recalcó su apoyo "al trabajo del juez", con quien "colaboraremos" y "acataremos lo que considere oportuno".