Los afectados por el urbanismo desordenado de Cantabria apelan hoy a Bruselas

  • Santander, 16 abr (EFE).- La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) expondrá hoy al Parlamento Europeo (PE) la problemática de las viviendas con sentencias firmes de derribo en Cantabria, una comunidad en la que, en los últimos quince años, los tribunales han declarado ilegales un millar de casas.

Los afectados por el urbanismo desordenado de Cantabria apelan hoy a Bruselas

Los afectados por el urbanismo desordenado de Cantabria apelan hoy a Bruselas

Santander, 16 abr (EFE).- La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) expondrá hoy al Parlamento Europeo (PE) la problemática de las viviendas con sentencias firmes de derribo en Cantabria, una comunidad en la que, en los últimos quince años, los tribunales han declarado ilegales un millar de casas.

Se trata de urbanizaciones repartidas por toda Cantabria, pero que se concentran, sobre todo, en municipios costeros como Arnuero, Argoños, Miengo o Piélagos. En gran número de casos, se trata de segundas residencias.

La asociación ecologista ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) ha impulsado la mayor parte de las demandas que han concluido en sentencias de demolición en la comunidad autónoma.

Su vicepresidente, José Ángel Herrera, ha explicado a Efe que, tras la actuación de la asociación, está la idea de que la solución al modelo urbanístico de "masificación" que atenta contra el paisaje de Cantabria está en la ordenación del territorio, "con buenas normas y buenos estudios técnicos".

Para propiciar un cambio en el modelo urbanístico, ARCA se ha movilizado en numerosas y variadas acciones y, al tiempo, ha denunciado ante los tribunales.

Según Herrera, las 700 viviendas que se han declarado ilegales a instancias de ARCA en los últimos años son tan sólo "la punta del iceberg", porque "si la asociación tuviera más recursos económicos, no hubieran sido 700, sino 7.000" las casas con sentencias de derribo.

Sin embargo, los afectados reivindican sus derechos sobre unas viviendas adquiridas y que, tras las órdenes de derribo, pierden todo su valor convirtiendo en "víctimas" a sus moradores, que ni siquiera han sido parte en los pleitos entre ARCA y los ayuntamientos.

Antonio Vilela, portavoz de AMA, la asociación que agrupa a gran parte de esos afectados, resume en pocas palabras el sentir de los propietarios: "Si la Administración ha sido la culpable, que sea ella la que pague".

Vilela ha mostrado su esperanza en que la comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) sirva para concienciar sobre la situación de los propietarios y para reivindicar una mayor seguridad jurídica en la compra de viviendas.

Para ello, una de las propuestas que AMA planteará a la Comisión de Peticiones es la creación de un registro de demandas sobre viviendas y que, en el momento de la compra, los notarios tengan que informar si hay algún problema sobre la propiedad.

Los afectados apuestan por la legalización de las viviendas en los casos que sea posible y por permutas o indemnizaciones cuando no haya expectativas de "salvación".

En esa última situación podría estar la urbanización de la Playa de La Arena, en el municipio de Arnuero, que se ve, tanto por los afectados como por los ecologistas, como la bandera y el icono de las urbanizaciones con sentencias de derribo en Cantabria.

Esta urbanización está integrada por 144 pisos (aunque inicialmente se proyectaron más), situados a unos 200 metros de la playa de La Arena de Isla, una zona que, antes de construirse, era un encinar que los ecologistas trataron de defender de la entrada de las máquinas, hasta llegar a detenciones por resistencia.

Por ello, los promotores de las sentencias de derribo no quieren ni oír hablar de posibilidades de legalización para los pisos de La Arena, mientras que sus propietarios no entienden por qué a esta urbanización se le ha colgado un 'sambenito' de paradigma de atentado urbanístico.

Iñaki Zabalo, que posee un piso en La Arena, cuenta cómo los residentes en esa urbanización han sido pioneros en la lucha por la legalización de viviendas con sentencias de derribo a lo largo de quince años (la sentencia que anula la licencia de La Arena es de 1994), "en los que ha pasado de todo".

"Nosotros somos los que tenemos que aceptar una sentencia de derribo cuando para nada somos culpables. Todas las sentencias establecen la culpabilidad a partes iguales entre la Administración regional y local", resalta Zabalo, que insiste en que, sin embargo, los únicos "paganos" de esos fallos judiciales son los propietarios de las casas.

Aunque los propietarios "no tienen nada en contra" de ARCA, Zabalo y sus vecinos le reprochan a esta organización su postura respecto a La Arena mientras hay otros puntos de Cantabria, "como Castro u otros sitios de Noja en donde no han hecho nada".

Una de las mayores quejas de los afectados es que ninguna administración ofrece alternativas para dar una solución a su problema. Lamentan que, desde algunos ámbitos, se apunta que el suyo "es un mal efectivo, pero no real", a la espera de la ejecución de los derribos, lo que no hace sino "alargar la pesadilla".

De alguna forma los ayuntamientos afectados también viven esta situación. "Esto es una espada de Damocles que tenemos los ayuntamientos", indica a Efe el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual.

Como inicio de solución, sólo existe el plan que el Gobierno de Cantabria elaboró, por mandato del Parlamento regional, para analizar la situación de las casas y urbanizaciones sobre las que pesan sentencias de derribo. Pero, al mismo tiempo, los tribunales apremian a los alcaldes con multas y denuncias ante la Fiscalía para que no demoren más el cumplimiento de las sentencias.

Aunque el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José María Mazón, ya esbozó, al presentar el documento ante la Comisión de Urbanismo de la Cámara, que solamente en algunos casos está abierta la posibilidad de la no demolición.

Si bien ese plan del Gobierno se ha visto como "un balón de oxígeno" por AMA, desde esta asociación se lamenta que ese documento carece de presupuesto y plazos concretos. Sus asociados solicitan al Ejecutivo que "se ponga las pilas" para agilizarlo.