Organizaciones ecologistas piden al Gobierno de Aragón que establezca una gestora como en Marbella

ZARAGOZA, 31 (EUROPA PRESS) Las organizaciones ecologistas ANSAR, COAGRET, Ecología y Desarrollo, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han solicitado al Gobierno de Aragón que subrogue las competencias del Ayuntamiento de La Muela y establezca una gestora, como en Marbella. "El Ayuntamiento de La Muela tiene que funcionar y se tiene que aclarar la situación por lo que el Gobierno de Aragón tiene que revisar que se cumplen los criterios de la Ley urbanística y de Ordenación del Territorio" precisó el portavoz de ANSAR, Jesús Maestro. En rueda de prensa, criticó la actitud del Gobierno de Aragón sobre este asunto del que apreció que "intenta pasar" al decir que es "una cosa puntual" para señalar que "es insuficiente y tiene que dar una respuesta de cambio ya y cumplir las normativas europeas". Maestro anunció que también han acordado solicitar una entrevista con el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para transmitirle una serie de "exigencias". Además, dijo que "los silencios del Gobierno de Aragón y de los partidos que lo sustentan no pueden seguir". Así, reclamó al Partido Aragonés (PAR) que "adopte las medidas que devuelvan la normalidad democrática a La Muela y solicite a la alcalde y al concejal de Urbanismo la devolución de sus actas de concejales". Para estas organizaciones ecologistas, la situación del Ayuntamiento de La Muela revela que "la realidad se acaba imponiendo y gracias a la Justicia se verá qué ha sucedido realmente", al tiempo que reclamaron "cordura a las autoridades y aplicación de la legislación comunitaria", apostilló el representante de Ecologistas en Acción, José Luis Martínez. En un manifiesto conjunto, exigen la puesta en marcha de la Cámara de Cuentas de Aragón al indicar que "se hace más necesaria que nunca" y reclaman un "compromiso claro para su constitución inmediata, dotándola de medios suficiente para ejercer su labor con agilidad y eficacia". En su intervención, Maestro recordó que el Informe Aunken de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el impacto del urbanismo en España "pide medidas inmediatas" al Gobierno español, Gobiernos autonómicos y Administraciones locales. Dichas acciones pasan porque las autoridades regionales competentes deben "declarar, suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social que no garantizan el respeto a la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente". Asimismo, deben detener y anular "todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios del Derecho Comunitario, principalmente lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente". El Informe Aunken también expresa preocupación por la ausencia de una transposición de varias directivas sobre "blanqueo de dinero, que ahora son objeto de un procedimiento de infracción por lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales contra la circulación ilegal de capital financiero, incluidas inversiones en proyectos urbanísticos de gran envergadura". Maestro también se refirió a otro apartado del citado informe que relacionó con el caso de La Muela porque "pone en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes, con frecuencia excesivos, otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales a expensas de los ciudadanos que viven en la zona". EN SUSPENSIÓN LA PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE URBANISMO Jesús Maestro avanzó que las organizaciones ecologistas han decidido "dejar en suspensión" su participación en las tres comisiones provinciales de urbanismo y en el COTA (Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón) por una serie de "dificultades". El acceso a los expedientes que se debaten en estas comisiones es una de esas dificultades que esgrimió Maestro, al relatar que "se ponen trabas para acceder a los voluminosos expedientes", especialmente los relacionados con aspectos medioambientales y que les han llevado a presentar quejas ante el Justicia de Aragón. Además, se han encontrado con "dificultades para obtener información y dejar clara nuestra posición", junto a las "dificultades" en la disponibilidad de los técnicos para que expliquen los expedientes. El representante de Ecologistas en Acción se cuestionó "si nos están avocando a la movilización directa no violenta" como la que ejercían en los años 80. José Luis Martínez también arremetió contra la futura Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, a la que tendrá que acogerse el macroproyecto de ocio y juego Gran Scala en los Monegros, que el Ejecutivo anunció que se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno. El ecologista advirtió que permitirá "generar más Grandes Scalas" en otras zonas de Aragón, como la estación de esquí de Castanesa, en el Sobrarbe, con la previsión de construcción de más de 4.000 viviendas en un valle donde residen 180 habitantes, comentó.