La Asamblea General de la ONU aprueba, a propuesta de España, una resolución contra el tráfico de órganos


MADRID|

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el viernes, por consenso y a propuesta del Gobierno de España, una resolución a favor del "fortalecimiento y promoción de medidas efectivas y cooperación internacional sobre donación de órganos y trasplantes para prevenir y combatir el tráfico de personas con fines de extirpación y tráfico de órganos humanos".

Según ha informado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, la iniciativa ha contado con el asesoramiento de la Organización Nacional de Trasplantes y la colaboración especial de Guatemala.

"La resolución aborda las perspectivas de derechos humanos, de la salud y penal e insta a desarrollar políticas nacionales y marcos de colaboración internacional y regional más eficaces en la lucha contra estos delitos", ha señalado en su comunicado el departamento que dirige Alfonso Dastis.

En este sentido, el Ministerio de Exteriores ha hecho hincapié en que la lucha contra el tráfico de órganos pasa por "fomentar la donación de órganos para avanzar hacia la autosuficiencia en trasplante".

"La resolución alienta a los estados a que desarrollen sistemas eficaces de donación y trasplante, guiados por principios éticos universalmente aceptados, como es el carácter altruista de la donación y la equidad en el acceso al trasplante sin ningún tipo de discriminación", ha indicado.

La resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU también prevé que los países con experiencia presten "asistencia técnica" a los estados que así lo soliciten con vistas a ayudarles a establecer sistemas de donación eficaces, "algo en lo que España ha trabajado arduamente como parte del programa de cooperación internacional de la Organización Nacional de Trasplantes", según Exteriores.

El texto ratificado por la ONU condena el tráfico de órganos como una "violación de los Derechos Humanos" y ofrece especial protección a las víctimas y a aquellos que, por su especial situación, se encuentran en situación de vulnerabilidad, "invitando a los estados a adoptar medidas concretas como la información sobre las consecuencias de la extracción de un órgano en el seno de prácticas ilícitas, apoyo médico y psicológico y mecanismos de reparación a las víctimas".