Según recuerda la Junta en un comunicado, las denuncias de algunos de los centros afectados comenzaron en el primer trimestre del curso escolar, iniciándose así un largo proceso administrativo centrado en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales por una parte. Asimismo, fruto de estas inspecciones y auditorías, la empresa responsable del contrato fue penalizada en el pasado diciembre con una sanción económica de 35.000 euros.
Tras el seguimiento del cumplimiento del contrato y de la comunicación continua con las direcciones y las asociaciones de madres y padres de los centros afectados así como con representantes de las corporaciones municipales de las localidades de referencia, se "verificó" la continuidad de "determinados incumplimientos" en la gestión del servicio, por lo que en marzo se acordó "iniciar un expediente de resolución" de contrato que ha adquirido carácter firme esta misma semana.
A su vez, la Junta de Andalucía ha iniciado un nuevo procedimiento de contratación para garantizar la prestación del servicio desde el comienzo del curso 2016-2017 en los centros educativos afectados por la medida y situados en las poblaciones de Aljaraque, Aracena, Ayamonte, Isla del Moral, El Campillo, Cartaya, El Rompido, Galaroza, Lepe, La Antilla, Minas de Riotinto, Niebla, Paymogo, San Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casas y Tharsis.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios