La solución para que el gasto sanitario no se dispare es el ¡repago! según un informe de ESADE

  • Afirman que establecer tasas de repago por estancia hospitalaria o por medicamentos inferiores a 5 euros a las rentas medias y altas ayudaría a contener el gasto y reducir la desigualdad. 

    Además piden una revisión del sistema impositivo español para evitar fraudes y aumentar su eficacia. 

El gasto sanitario podría duplicarse en los próximos 10 años
El gasto sanitario podría duplicarse en los próximos 10 años
Ana Domingo
Ana Domingo

¿Es sostenible el sistema sanitario? No, si no se producen cambios. Esta es al menos la conclusión del informe Funding de Gap elaborado por ESADE y Antares Consulting  y presentado este lunes. España destina en estos momentos 64.833 millones de euros al gasto sanitario. Una cifra similar a la de 2008, ya que la crisis económica obligó a hacer recortes. 

El problema, según el informe, es que esta reducción en el presupuesto destinado al gasto sanitario no se consiguió gracias a reformas estructurales que solucionaran algunos de los problemas que arrastra el sistema sanitario, sino que se produjo recortando el gasto. Se redujo el sueldo de los profesionales en un 10%; se paralizó la inversión en tecnología sanitaria en un 28% (dejando la edad media del equipamiento de los hospitales en 10 años) y se redujo el gasto farmacéutico (se redujo un 22% por el recorte de precios).

Por eso, es previsible, según los expertos, que el gasto vuelva a aumentar. De hecho y teniendo en cuenta los datos que manejan, el sistema sanitario español necesitará en 2025 entre los 97.000 y los 113.000 millones anuales, considerando que en 2015 habrá sido, previsiblemente, de 64.833 millones de euros. Estos datos suponen un incremento en la próxima década, según los dos escenarios que plantea el informe, de entre 32.000 y 48.000 millones de euros más que ahora. Es decir, que en el pero de los casos el Estado tendrá que destinar el doble del presupuesto actual para mantener el sistema, lo que supone, doblar el gasto sanitario público actual.

Este aumento vendrá determinado entre otros factores por el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas y la mayor esperanza de vida, que este informe estima que por cada año que pasa, la esperanza de vida aumenta en tres meses.

Teniendo en cuenta estos factores que influyen en el aumento del gasto sanitario y que según todos los índices internacionales utilizados para calcularlo crece a un ritmo mayor que el PIB de ese país, si hacemos una previsión a diez años llegamos a esos dos escenarios de gasto sanitario. 

Por un lado se puede afirmar que el gasto casi se multiplicará por dos en diez años hasta los 113.700 en 2025, lo que supondría un aumento de 4.800 millones al año, lo que significa 48.000 millones en la próxima década.

El segundo escenario, más positivo, calcula que el Estado sólo necesitará 32.600 millones más en diez años para mantener el actual sistema y la diferencia radica en que se da por hecho que los avances tecnológicos conllevarán por un lado que se llegue en mejor estado de salud a la jubilación y por otro que la sanidad sea más eficiente y por tanto se consigan reducir costes. 

Cómo ajustar las cuentas

Por otro lado y teniendo en cuenta las exigencias económicas para controlar el gasto y reducir el déficit parece evidente que España tendrá que seguir aplicando una política de contención de gasto. La mejor de hacerlo, según este estudio, sería utilizando dos vías:

Una opción es revisar el fraude fiscal asciende a 40.000 millones, según un estudio de 2014 elaborado por Fedea. Además, si se compara la presión fiscal (porcentaje de impuestos recaudados sobre el PIB) en España (37,1%) con la media de la Unión Europea (46,2%), se detecta una diferencia de nueve puntos del PIB.

Es decir, el sistema fiscal español es mucho menos eficiente que la media de los países europeos. Pese a que los tipos máximos de IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades están entre los más elevados y por encima de la media europea, la recaudación obtenida es un 9,1% del PIB inferior a la media europea.

Considerando que, en grandes líneas, el PIB español es de un billón de euros, este 9% de "no recaudación" ascendería a 90.000 millones y compensaría el déficit público de España, que en 2013 superó los 70.000 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas. El copago como solución de financiación

La segunda vía de reforma es el control sobre la demanda para recortar el gasto y reducir las desigualdades en el acceso a la sanidad. Los copagos, cuando existen y son significativos, pueden tener el efecto de incrementar las desigualdades en salud. Pero, este estudio señala que es la única vía, hoy por hoy para reducir el déficit sin aumentar la desigualdad. El informe afirma que no puede confundirse gratuidad con universalidad.

Se ha demostrado que los copagos introducen una mayor corresponsabilización de los pacientes

en la utilización y una mayor comprensión del coste de los servicios. Por eso, si se establece un copago en función de las rentas de los pacientes, el gasto no es tan grande para las familias pero sí supone una reducción importante para las arcas del Estado.  

Establecer un copago por la utilización de servicios sanitarios (por ejemplo, coparticipación de diez euros por cada día de estancia, como en todos los países de la UE) destinado a rentas medias y altas (o dicho de otra forma, con exención de las rentas bajas) o bien un copago del 100% para dichas rentas medias y altas de todo medicamento inferior a cinco euros generaría recursos adicionales al sistema que beneficiarían más a las rentas bajas.

"Si un buen sistema de exenciones protege a las clases desfavorecidas y se generan recursos adicionales para reducir las desigualdades en salud (presentes en mayor medida en las rentas desfavorecidas), quizás sí debería plantearse que la ausencia de copagos es potencialmente muy insolidaria", concluye el informe.La desigualdad autonómica

El informe refleja también la desigualdad que el gasto sanitario supone en España dependiendo de la Comunidad autónoma. Así, el País Vasco es la Comunidad que más paga por habitante, 1.582 euros, mientras que en Andalucía el coste por habitante es de 1.042 euros.

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