Investigarán al ex consejero Lamela por el caso del Severo Ochoa

MADRID (Reuters) - Un juzgado de Madrid admitió el viernes a trámite una querella por un presunto delito de denuncia falsa y falsedad contra el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela y seis médicos que formaban parte de un comité de expertos, en el caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés.

La querella fue presentada por el que fuera jefe de Urgencias del hospital de la localidad madrileña Luis Montes y su compañero el doctor Miguel Ángel López Varas, después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara el caso en enero de 2008.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó de que el Juzgado de Instrucción nº43 de la capital ha citado a declarar el próximo 9 de junio a los querellados: Lamela y seis médicos de una comisión formada por él para investigar las supuestas sedaciones.

"La querella lo que denuncia es la manipulación que se llevó a cabo contra los médicos del Severo Ochoa inventándose un caso basado en una denuncia anónima", dijo el doctor López Varas en declaraciones a la Cadena SER, tras conocer la admisión a trámite de la querella.

"El señor Lamela no sólo le dio curso, sino que se creó un comité de expertos que casualmente, utilizando una definición totalmente inventada de lo que es la sedación, llegaron a unas conclusiones (...) que a nadie más le pueden haber salido", agregó.

El caso se remonta a marzo de 2005, cuando tras dos denuncias anónimas, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid destituyó a la cúpula médica del hospital por una supuesta sedación excesiva a enfermos terminales que podía haber afectado, según los denunciantes, a unas 400 personas.

La investigación provocó la destitución de Montes y la marcha de López Varas del hospital madrileño.

En junio de 2007, el juzgado de instrucción número 7 de Leganés sobreseyó el caso, considerando que aunque había habido malas prácticas médicas no se podía demostrar que hubiera relación entre éstas y el fallecimiento de 16 enfermos terminales, aunque la Audiencia Provincial de Madrid ordenó siete meses después que se eliminaran las referencias a la mala praxis de los médicos denunciados.