La Junta refuerza como derechos las prestaciones y servicios de salud pública

  • El Consejo aprueba un decreto que garantiza el acceso a la información y a las políticas autonómicas de mejora de la calidad de vida
EUROPA PRESS

El Consejo aprueba un decreto que garantiza el acceso a la información

y a las políticas autonómicas de mejora de la calidad de vida

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que consolida y reconoce como derechos las prestaciones que ofrece la Junta de Andalucía en relación con la salud pública. La norma, que también establece las responsabilidades de la ciudadanía, refuerza las garantías de acceso a la información y a las acciones de promoción, prevención y no discriminación en este ámbito.

Respecto a la información, el decreto establece, como principal novedad, la publicación en internet de la cartera de prestaciones de salud pública y de las distintas administraciones que las ofrecen, como ya se hace actualmente en la vertiente de atención sanitaria. Igualmente novedosa será la publicación bienal de un informe sobre la materia, que incluirá la sistematización de las evaluaciones de las políticas que desarrolla la Consejería de Salud.

Junto con ello, también se eleva a la categoría de derecho el acceso a la información contrastada, fiable y basada en la evidencia científica que la consejería viene ya ofreciendo a través de su portal web y de las redes sociales. Entre otras materias, esta actividad incluye recomendaciones sobre salud sexual y reproductiva; embarazo, parto y puerperio, especialmente entre adolescentes gestantes y mujeres en situación de especial vulnerabilidad; orientación sobre identidad de género; actividad física; prevención de la obesidad; factores de bienestar psicoemocional y de salud mental, y aspectos relativos a la población con discapacidad.

Asimismo, se garantiza la puesta a disposición de la información contrastada en poder de la Administración autonómica sobre los riesgos inmediatos de la salud pública, tanto biológicos, químicos, físicos, medioambientales y climáticos como de otros que requieren medidas para prevenir o limitar los posibles daños. Este derecho de acceso se extiende también a los informes y resultados de investigación llevados a cabo por cualquier autoridad sanitaria, así como a los estudios sobre desigualdades en salud y violencia de género.

En el ámbito de la promoción de la salud, el decreto presta especial atención a la población infantil y adolescente con la novedad destacada del desarrollo, en colaboración con la Consejería de Educación, de una estrategia de 'Escuelas Promotoras de Salud'. De igual modo, se eleva al rango de derecho el conjunto de normas y exigencias relativas a la dieta equilibrada que actualmente rige para los centros docentes con comedor escolar en Andalucía, así como, en el caso de las personas mayores, la promoción del envejecimiento activo con especial protección a la vulnerabilidad económica, física o mental.

Otra novedad recogida es la elaboración de un manual para los ayuntamientos sobre estándares de calidad de vida y bienestar para su inclusión en los diseños urbanísticos, con igual prioridad para personas mayores, con discapacidad o menores.

En relación con las acciones preventivas, la Junta garantizará todas aquellas que ya realiza de hecho en los ámbitos de la inmunización y el cribado para detectar enfermedades antes de que presenten síntomas (fundamentalmente cánceres de mama, colon y cérvix entre otros, además de la prueba del talón), así como las dirigidas a disminuir la accidentabilidad, sobre todo en menores y personas mayores y con discapacidad.

En cuanto a las responsabilidades de la ciudadanía, que deben ejercerse tanto individual como colectivamente, el decreto establece, entre otras, las de cuidar la propia salud; consultar la información divulgada por las autoridades sanitarias y utilizarla adecuadamente; respetar y cumplir las medidas de la Administración; atender las campañas de vacunación; hacer un uso responsable de las prestaciones y servicios sanitarios; poner en conocimiento cualquier situación que pueda suponer una emergencia, y cooperar en la protección de la salud, en la prevención de las enfermedades y en las estrategias públicas de mejora de la calidad de vida.

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