En lo que respecta a la regulación del uso, indicación y autorización de medicamentos de los enfermeros, la formación 'naranja' propone paralizar o derogar la norma aprobada por el Gobierno a finales del año pasado dadas las "graves consecuencias" que puede tener su aplicación para la atención a la salud de los ciudadanos.
De hecho, pide retomar las negociaciones con los representantes de la profesión médica y de enfermería, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ampliando la interlocución a todos los actores del Sistema Nacional de Salud (SNS) como sociedades científicas, facultades de Medicina y Enfermería o sindicatos, entre otros.
El objetivo, según defienden en la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, es "armonizar y garantizar la seguridad jurídica del trabajo diario del personal sanitario no facultativo".
Asimismo, proponen convocar una sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el fin de "restablecer el consenso roto" sobre este asunto tras la "modificación unilateral" por parte del Ministerio, según C's.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL CASO DE LA TALIDOMIDA
Por otro lado, la formación de Albert Rivera también ha registrado otra batería de propuestas en favor de los afectados por la talidomida después de las últimas decisiones judiciales al entender que "es evidente la responsabilidad del Estado en este caso y que es de justicia reconocer el daño causado e indemnizarlo".
Para ello, en su proposición no de ley exigen al Gobierno que reabra "con urgencia" el registro contenido en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, para ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la talidomida, entre 1955 y 1985, y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas.
C's aboga también por la creación de una unidad de diagnóstico de daños por talidomida en colaboración con las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y que tenga en cuenta criterios científicos aceptados internacionalmente.
En cuanto a las posibles ayudas para estos afectados, propone indemnizarles antes de 2018 de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad, así como a pagar prestaciones justas que procedan; facilitar "en lo posible" sus tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos; y eliminar el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones, mediante las modificaciones legales oportunas.
Del mismo modo, plantean analizar las exenciones fiscales y tributarias sobre las eventuales percepciones dinerarias, prestaciones o indemnizaciones percibidas por las víctimas de la talidomida, y abrir un periodo de negociación con la compañía Grünenthal, fabricante del fármaco, para que "asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño causado".
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