AMPL.-El juez ve indicios de delito en la actuación de Valledor, Martín e Iglesias por el conflicto de la sede de PCE

OVIEDO, 10 (EUROPA PRESS) La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha apreciado indicios de delito en la actuación del coordinador general de IU y diputado regional, Jesús Iglesias, del diputado Francisco Javier García Valledor y por la Consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, en el conflicto de la sede del PCA. Además de Martín, García Valledor e Iglesias, que tienen condición de aforados, están también imputados Alfonso Suárez Hernández y Luis Álvarez Pérez. El magistrado José Ignacio Pérez Villamil en el auto judicial insta a continuar las diligencias por si los hechos fueran constitutivos de un presunto delito de coacciones y otro de falsedad documental. El Ministerio fiscal y las acusaciones particulares dispondrán ahora de un plazo de diez días para solicitar la apertura del caso oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. La denuncia fue presentada el 29 de mayo de 2007 por el secretario general del PCA, Francisco de Asís Fernández como consecuencia del cambio de cerradaura del local de la plaza de America de Oviedo, propiedad del PCE y que hasta el momento venía siendo compartido su uso con el grupo político de IU y otras organizaciones afines. Según recoge el auto del juez al que tuvo acceso Europa Press, el denunciante afirma que le fue impedido el acceso al local así como a otros militantes del PCA por vigilantes de seguridad contratados por IU. Asimismo, De ASIS sostiene que en el cambio de cerraduras participó activamente Noemí Martín, Jesús Iglesias, Alfonso SUárez Hernández y Luis Álvarez Péres. Alfonso Suárez, en calidad de apoderado de IU, aportó una copia de un contrato de arrrendamiento de fecha de 23 de julio de 2003 suscrito por Noemí Martín y Luis Álvarez como secretaria general y secretario de finanzas del PCA y en calidad de arrendadores y de Jesús Igelsias y Francisco Javiar García Vallor como coordinador general y aporderado de IU en calidad de arrendatarios. El contrato tenía una vigencia de 10 años y una renta mensual de 2.400 euros. Según los responsables del PCA y del PCE el contrato de arrendamiento es "falso" y sostienen que fue redactado con posterioridad a la fecha que se hace figurar en el mismo. En los autos, Alfonso Suárez declaró que Noemí Martín y Jesús Iglesias tomaron la decisión de impedir el cambio de cerraduras e impedir con vigilantes jurados el acceso al local.