Los sindicalistas rechazan que su protección pase a las empresas privadas

  • Bogotá, 17 feb (EFE).- La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) rechazó hoy en Bogotá la orden del Gobierno de dejar en manos de la empresa privada la protección de los miles de ciudadanos que afrontan amenazas de grupos armados ilegales.

Bogotá, 17 feb (EFE).- La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) rechazó hoy en Bogotá la orden del Gobierno de dejar en manos de la empresa privada la protección de los miles de ciudadanos que afrontan amenazas de grupos armados ilegales.

"La seguridad (de los amenazados) debe estar en manos del Estado, no de particulares", dijo a Efe el presidente de la CUT, Tarsicio Mora, cuya organización ha sido la más afectada por la violencia antisindical en el país, con 2.694 asesinados desde 1986.

De estos crímenes, 474 han sido cometidos desde agosto de 2006, cuando al presidente Álvaro Uribe asumió su primer mandato de cuatro años, según los registros de la organización, que muestran que los homicidios de sindicalistas sumaron 49 en 2008, contra 39 en 2007.

El 97,5 por ciento de todos los casos están en la impunidad, sostuvo la CUT, que toma este índice como un argumento contra el mensaje de compromiso del Estado con los derechos humanos que el Gobierno transmite con frecuencia al exterior.

Mora advirtió de que además de ser una obligación del Estado, la seguridad de los sindicalistas no puede ser privatizada dado el hecho de que en la CUT hay dirigentes con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un decreto expedido el año pasado por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe establece que la seguridad que el Estado presta a personas amenazadas debe pasar a la empresa privada.

Un total de 10.716 ciudadanos reciben la protección estatal, en virtud de un programa que está a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia y en el que se han invertido 314.000 millones de pesos (125,12 millones de dólares) en los últimos seis años.

La tercera parte de esta suma ha ido a la protección de los 1.980 líderes sindicales incluidos en el programa y cuyo esquema de seguridad está a cargo de efectivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal de inteligencia).

El presidente de la CUT advirtió de que las dificultades con el operador privado podrán ser mayores a las que los protegidos han tenido con los agentes del DAS.

La empresa Vise, de vigilancia privada, asumirá la protección de los sindicalistas antes de que termine este año, según la norma.