Viernes, 19.04.2019 - 23:08 h
Un 'servicio' cada vez más demandado

'Desokupadores' profesionales: echar a los usurpadores de tu piso cuesta 2.500€

La empresa 'Desokupa', creada por Daniel Esteve, recibe 90 llamadas al día, según el artífice de esta iniciativa. "No intimidamos. Persuadimos", dice 

Daniel, a la izquierda de la imagen, junto a parte del equipo de 'Desokupa' (Facebook 'Desokupa').
Daniel, a la izquierda de la imagen, junto a parte del equipo de 'Desokupa' (Facebook 'Desokupa').

El teléfono suena pasado al mediodía y la voz de Daniel Esteve se percibe un tanto agitada. Este hombre, que se presenta como "el dueño" de la empresa 'Desokupa', en efecto ha creado una compañía dedicada a desalojar a usurpadores de viviendas.

"Estoy hasta arriba de trabajo. Recibimos 90 llamadas por día y hacerse un hueco para una entrevista personal es casi imposible. Eso sí, bajo a Madrid al menos dos veces a la semana", manifiesta Daniel, de 47 años, que pasa la mayor parte del tiempo en Barcelona -donde reside- y ya lleva un año y medio con su peculiar proyecto (sin 'competencia' oficial, a la vista, en España): 'disuadir' a quienes ocupan inmuebles al margen de la ley.

De pronto, sucede una de esas tantas llamadas de interesados en sus 'servicios'. Surge la conversación entre una eventual cliente y el 'desokupador profesional'. Una mujer de 30 años llama desde Madrid: requiere información para "sacar a unos magrebíes que se han metido en la casa" (su segunda residencia) del pequeño municipio madrileño de Perales de Tajuña. Afirma que unos allegados le han comentado sobre la existencia de la empresa.

Daniel sigue con ella el mismo protocolo que con los demás clientes que recibe: primero pregunta si la damnificada ha realizado la denuncia, después busca información sobre las características de los okupas (número de personas, nacionalidad y edades aproximadas entre otras cuestiones). Posteriormente garantiza que el "97% de las actuaciones de 'Desokupa' se han resuelto positivamente" y que este negocio es "absolutamente legal".

Según Esteve, solo ha recibido dos denuncias en su contra desde la creación de la firma. "Desde que fundé la empresa hace más de 18 meses hemos resuelto 700 okupaciones. La mayoría las finiquitamos pacíficamente en 24 horas. Aquí no hay nada turbio. Ofrecemos factura al cliente y contamos con una póliza de responsabilidad civil de 3,5 millones de euros", aclara. 

La página web de la empresa indica que se trata de una "empresa especializada en la intermediación de inmuebles okupados ilegalmente". Su procedimiento es "legal, eficaz, seguro y rápido", asegura su artífice. "Siempre mediante métodos pacíficos de disuasión, a través de nuestra presencia. La home ya ha recibido más de 140.000 visitas en pocos meses", presume Daniel.

Él niega categóricamente que sus trabajadores sean "comandos de intimidadores", como algunos le acusan. "Tengo doce empleados en plantilla, que pueden ganarse la vida muy dignamente gracias a este trabajo y cobran una media de 2.000 euros. Y no solo son hombres con físicos voluminosos. También trabajan conmigo mujeres. Valoro mucho más la capacidad de dicción, negociación y disuasión para emprender este trabajo que otra cosa. Esa es la estructura de mi empresa, más el personal que subcontratamos, por ejemplo de vigilancia privada, en los casos que haga falta. Nuestra sede está en Barcelona, pero nos desplazamos a Madrid y a todas las provincias que nos necesiten", señala.

El ahora empresario también agrega: "Nosotros solo intervenimos en los casos de okupaciones donde haya indicios de mafias extorsionadoras. Es decir, gente que okupa casas y pide dinero a cambio para retirarse. Nunca actuamos, ni lo haremos, en desalojos de pisos a petición de los bancos, ni tampoco donde estén involucrados menores de edad o haya evidencias manifiestas de necesidades socioecónomicas como motivos para okupar una vivienda".

Fuentes jurídicas independientes consultadas han advertido que se trata de una actividad que tiene muchas aristas legales que cumplir, dado que se trata de derechos de las personas, tanto las que ocupan de forma ilegal, como de las que son propietarias de los inmuebles. En este contexto, cada caso es distinto y requiere unos requerimientos legales que cumplir. En caso de conflicto, al final es cada juez el que tiene que valorar los hechos y las pruebas y tomar una decisión. 

La tarifa base de una 'desokupación'

La joven que llama desde Madrid pide de pronto saber cuál es el "tiempo estimado" que puede llevar desde que el personal de Desokupa toma el 'caso' hasta que los usurpadores dejen su vivienda: "Una semana, aproximadamente", garantiza Esteve. "¿Cuánto es el precio?", quiere saber la chica. "2.500 euros", responde su interlocutor, que ofrece actuar inmediatamente en el lugar, 48 horas después de producida la llamada.

El precio por la 'intervención' de los hombres de 'Desokupa' puede variar, dependiendo de las características y complejidad del caso. La tarifa 'base' es de 2.500 euros, cuando las condiciones no requieren mayor "esfuerzo". También ese monto puede ser mayor de acuerdo a otros factores, como el valor de la propiedad y su localización. 

¿Cómo actúan él y su equipo sobre el terreno? "Primero acudimos al lugar de los hechos, obviamente. Identificamos el inmueble okupado y siempre seguimos la premisa del diálogo. Es decir, la estrategia pasa por nuestra presencia disuasoria y convencer a los usurpadores de que abandonen sus casas, a través de un espíritu conciliador. También podemos negociar un monto económico, siempre que sea algo razonable. Por ahí te piden 500 euros para marcharse. Se los das y ya está. Esa es la finalidad de mi equipo de negociadores", señala.

Pero, ¿qué sucede si los okupas no aceptan irse? "En ese caso es el turno de los vigilantes de seguridad privada. Los subcontratamos. Ellos montan guardias y, con su respectiva credencial y con las escrituras de la vivienda en su poder, esperan a que los 'okupas' vayan saliendo de los inmuebles. Se trata de montar una especie de control de acceso a una propiedad privada mediante una autorización firmada con el propietario. Una vez que la casa haya quedado temporalmente vacía, al regreso de los 'okupas' se les advierte de que ya no pueden entrar otra vez en las viviendas", concluye.

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