La idea de que el Popular amplió capital en 2016 con unas cuentas que no reflejaba fielmente su estado de salud va cogiendo cuerpo entre los abogados que litigan en representación de miles de accionistas y bonistas que perdieron su patrimonio en la resolución. El diagnóstico corresponderá efectuarlo a los peritos nombrados por el Banco de España y a los que la defensa de Ángel Ron ha pedido aportar, entre otros documentos, el informe de auditoría de PricewaterhouseCoopers (PwC) “postresolución” de la entidad en defensa de su gestión.
El banco se entregó un 6 de junio al supervisor por la imposibilidad de operar tras la hemorragia de liquidez sufrida y resultó adjudicado al día siguiente al Santander, después de que la Junta Europea de Resolución (JUR) le aplicase ajustes patrimoniales por valor de 12.400 millones de euros para sanear su balance. Un tratamiento de shock que hundió en negativo su solvencia que restablecería posteriormente el grupo cántabro con una ampliación de 7.000 millones para absorberlo.
La auditoría de PwC, firmada el 29 de septiembre y referida a sus estados contables del 30 de junio, atribuye los milmillonarios saneamientos a tres impactos: la tasación de los activos a precio de mercado, una valoración de la entidad bajo el escenario de resolución establecido en el Reglamento 806/2014 europeo y “la anunciada estrategia de venta acelerada en el mercado mayorista de activos relacionados con el sector financiero” -en alusión a la operación cerrada con Blackstone-.
Salvo la actualización de los activos a valores de mercados que afloró un déficit de provisiones, los otros dos criterios responden a una situación excepcional que no hubiese sido aplicable de haber podido el banco reparar solo sus problemas y suben varios miles de millones de euros en el ajuste patrimonial decretado por el organismo presidido por Elke König, explican fuentes consultadas.
Bajo la tesis de resolución se llevan a cero los fondos de comercio de las participadas sin reconocer valor alguno a su actividad -“es como decir que no vale nada el Pastor, cuando gestiona más del 20% del mercado gallego”, refieren las mismas fuentes-. Se amortizan igualmente gran parte de créditos fiscales diferidos porque se asume que la entidad será incapaz de entregar nunca beneficios donde pueda deducir dicho cheque frente a Hacienda, y desaparece el valor de todos los activos intangibles.
La decisión añadida de acelerar la limpieza con la extirpación del ladrillo exigió, a la vez, dotar provisiones muy superiores a las acumuladas de promedio por el sector para ofrecer los agresivos descuentos que exigen los fondos especialistas para adquirir grandes carteras. El Santander acordó pronto con Blackstone sacarse de balance 30.000 millones brutos en inmuebles, gracias a que contaban con una cobertura en dotaciones del 69% frente al 52% medio del conjunto de la banca.
PwC avala la validez de estos criterios bajo la situación de su adopción, así como los utilizados en los estados contables de 2016 que igualmente certificó: “Tales estimaciones difieren significativamente de las realizadas en la formulación de las cuentas anuales de 2016 de acuerdo con la normativa aplicable en dicho momento y descritas en las citadas cuentas”, refiere la auditoría aportada por la defensa de Ron al tribunal.
Los ajustes de Saracho
Entre la documentación puesta a disposición de los inspectores incluye las actas de la junta de accionistas de febrero de 2017 que aprobó las cuentas, la valoración del despacho Linklaters sobre la procedencia de la ampliación de capital, sendos análisis de EY y KPMG que validan sus procedimientos y metodología para medir los riesgos de crédito e inmobiliarios y el informe elaborado también por PwC sobre la revisión de cuentas que efectuó el equipo liderado por Emilio Saracho.
Fue la primera enmienda a la anterior gestión. Tras un trabajo de auditoría interna que revisó la cartera de créditos y financiaciones concedidas durante la ampliación de capital, el equipo dirigido por Saracho afloró el 3 de abril del pasado año ajustes por más de 600 millones que obligaron a reexpresar las cuentas de 2016: 123 millones en provisiones insuficientes, otros posibles déficits en carteras con créditos por 325 millones y el potencial impacto en capital de haber financiado con 205 millones a clientes para que comprasen acciones en la ampliación.
En el escrito de PwC en el que se ampara Ron, el auditor relata que el secretario general técnico del banco le convocó a una reunión con el comité de auditoría y “otros miembros de la dirección” el 21 de marzo para darle cuenta de esos aspectos ante la posibilidad de que afectasen a al resultado de 2016. Su informe atribuye parte del desfase a una reasignación de provisiones por cambios en la gestión de riesgos y sostiene que “no había sido puesto anteriormente en conocimiento de la comisión de auditoría, ni del consejo de administración del banco ni de los auditores externos hasta esta fecha”. No los cuestiona, pero sí reivindica que ni PwC ni el consejo estaban al corriente.
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