Las cinco 'trampas' que esconde el Plan de Vivienda lanzado por De la Serna

Con más de dos meses de retraso, el Consejo de Ministros ha aprobado, por fin, el esperado Plan de Vivienda, 2018-2021, con una dotación para los cuatro años de 1.443 millones de euros, un 62,5% más que en el plan anterior, lo que permitirá alcanzar las 557.109 ayudas y crear un total de 60.320 puestos de trabajo. En general, el plan, que consta de nueve programas, prioriza como sus dos ejes fundamentales el fomento del alquiler y de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural, "con especial atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal, así como a las familias numerosas". Sin embargo, el programa presenta una serie de 'trampas' que dificultan que estas ayudas sean tan efectivas como a primera vista pudiera parecer.

Así, en primer lugar, las ayudas a la compra para menores de 35 años se limitan a municipios de menos 5.000 habitantes, es decir, que excluyen, a priori, a más del 93% de los jóvenes, y eso sin tener en cuenta otros condicionantes que introduce en plan como que su renta sea inferior a tres veces el IPREM o que el precio máximo de la vivienda sea de 100.000 euros. Además, la mayoría de estos pueblos se sitúan en el interior, donde la demanda de vivienda es escasa y apenas se realizan operaciones inmobiliarias de relevancia. A modo de aproximación y según el portal idealista.com, solo un 24% de las viviendas disponibles en España reunirían estas características. De esta manera, Toledo es la provincia en la que más viviendas hay disponibles para quien quiera acogerse a estas ayudas (4.425 viviendas), seguida por la provincia de Valencia (3.801) y Cantabria (2.165). En la provincia de Barcelona hay disponibles 1.130 inmuebles, mientras que en Madrid se reducen hasta 958. En Álava no hay ninguna vivienda disponible para quien necesite acogerse a estas medidas del Gobierno, mientras que en Las Palmas solo son 34, 86 en Baleares y 87 en Guipúzcoa.

Por La Información

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Por otro lado, en cuanto al alquiler, que, precisamente, es uno de los puntos que desde el Gobierno se quiere fomentar, el plan establece que los contratos de arrendamiento no deben superar los 600 euros, aunque excepcionalmente también podrán llegar a los 900. La escalada de precios del alquiler se ha notado, sobre todo, en Cataluña y Madrid, donde se ha disparado un 49% y un 27% respectivamente en los últimos cuatro años, de 2013 a 2017. Solo el 25% de las viviendas que se ofertan en la actualidad en Madrid (2.684 viviendas) y al 15% en Barcelona (1.368 viviendas) cumplen con este requisito, por lo que la medida tendrá menos impacto del que se esperaba. Además, según fuentes del sector, esta ayuda podría provocar una subida artificial del precio del alquiler en los tramos más bajos de precios y perjudicará a los que no pueden acogerse al plan estatal, pero se enfrentarán a una subida de precios provocada por el mismo.

Por otro lado, el plan crea un nuevo programa para poner a disposición viviendas desocupadas de las entidades financieras y otros propietarios para alquilarlas a personas que se encuentren en situación de desahucio de su vivienda habitual. Todavía se desconoce cómo se va a modular, esto es, cómo se va a realizar la cesión, quién va a gestionar los arrendamientos, qué ocurrirá en caso de impago... Según fuentes de Fomento, serán las comunidades o los ayuntamientos quienes deberán negociar qué garantías se le va a dar a la banca para que acepte ceder sus pisos a 400 euros como mucho, y más en un momento en el que se está presionando a las entidades financieras por parte del BCE para deshacerse de sus activos inmobiliarios. Ello, comentan fuentes del sector, provocará que haya una gran desigualdad entre regiones que podrían frenar y limitar esta medida.

Llega con retraso y habrá que esperar todavía más

Otro de los puntos más polémicos es el que propone fomentar la promoción de viviendas en alquiler durante un plazo mínimo de 25 años, en el que, por primera vez, se subvencionarán promociones de titularidad privada. Para acceder a este programa, el precio del alquiler en este caso debe ser de hasta 5,5 euros por metro cuadrado, en cuyo caso la ayuda será de hasta 36.750 euros por vivienda con un límite del 50% de la inversión; o de hasta 7 euros por metro cuadrado de vivienda, pero entonces la cuantía de la ayuda no superará los 31.550 euros con un límite del 40% de la inversión. Según datos de Fomento, el precio medio del alquiler se sitúa en 9,6 euros por metro cuadrado, cifra que se eleva hasta los 11,7 euros en Madrid, los 12,3 en Barcelona, o 10,9 en País Vasco. Por ello, críticos con el Plan de Fomento aseguran que la cuantía de las ayudas unido al límite impuesto a los precios del alquiler desincentivará la promoción de este tipo de viviendas en los núcleos donde verdaderamente hace falta y desplazará la oferta a otros municipios donde no existe un problema tan grave en cuanto a la carestía de las rentas.

La última de las 'trampas' que se encuentran en el programa no se refiere al contenido, sino a los tiempos. A los dos meses de retraso que acumula el plan hay que sumarle el tiempo que se empleará en firmar los convenios con cada comunidad autónoma y que el propio ministro ha estimado en dos o tres meses. Una vez esté rubricado, las entidades regionales deberán abrir plazos suficientemente amplios como para anunciar las ayudas y que puedan inscribirse los interesados, así como adjudicarlas, por lo que estas podrían no hacerse efectivas hasta después de verano.

Fuentes consultadas en Fomento aseguran que se está trabajando con la máxima rapidez y recuerdan que, pese a todo, las ayudas tienen carácter retroactivo desde el día 1 de enero. "Es un plan ambicioso que beneficiará a más de medio millón de personas. El Gobierno ha hecho un esfuerzo importante para garantizar el acceso a la vivienda para quienes más lo necesitan", concluyen.