Lunes, 24.09.2018 - 06:36 h
Empresas
El polémico cierre de la empresa danesa de aerogeneradores

Vestas pone a prueba la transición de Ribera tras cobrar 15 millones públicos

Los ministerios de Transición ecológica y de Industria negocian la continuidad de la factoría de Villadangos del Páramo en León

Trabajadores de Vestas en una concentración en Villadangos del Páramo (León). / EFE

La multinacional danesa Vestas, con fábricas en Viveiro (Lugo), Daimiel y Villadangos del Páramo (León) ha dado un disgusto al nuevo Gobierno de Sánchez, prorenovable, al anunciar el cierre de la planta leonesa. Es un disgusto doble: porque el cierre de la fábrica de aerogeneradores es una mala señal para los planes del nuevo ministerio de Transición Ecológica y porque los daneses, que invirtieron en la planta 10 millones de euros, han anunciado el cierre tras recibir 15 millones en subvenciones públicas: 6,5 millones de la Administración Central y 8,5 millones de la Junta de Castilla-León desde 2005, según fuentes del Gobierno. Una “deslealtad” según la ministra de Industria Reyes Maroto.

Dos ministerios, el de Industria dirigido por la castellano-leonesa Reyes Maroto y el de Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, tienen las alarmas encendidas por los planes de la compañía danesa Vestas. También las tres administraciones autonómicas -Galicia, Andalucía y Castilla-León- en las que la empresa mantiene fábricas y empleo.

Las negociaciones, "permanentes, directas y al más alto nivel" para evitar el cierre de la fábrica leonesa de aerogeneradores y la pérdida de 362 empleos se mantienen. Las espadas están en alto. Pero la partida parece clara. Vestas anunció el cierre de la factoría de Villadangos en agosto. No podía hacerlo antes. Si el anuncio lo hubiera hecho antes de junio, hubiera tenido que devolver todo o parte de las subvenciones recibidas, según explican fuentes ministeriales.

Menos demanda

Vestas atribuye el cierre a un conjunto de factores: la caída de la demanda; la necesidad de apostar por otros modelos de aerogeneradores de mayor potencia; la falta de flexibilidad de la plantilla para acordar medidas de ajuste, y los resultados de una reunión celebrada en agosto en Dinamarca, en la que se diseñaron los objetivos de producción mundial y los centros suministradores. Pero la empresa no esconde su interés por mercados emergentes -y más baratos- como Brasil, India o China.

La firma ha intentado compensar el mazazo del cierre de León con el compromiso de seguir invirtiendo en las plantas de Viveiro (Lugo) y Daimiel. Pero la Administración no se fía. El cierre de León golpea a una región desindustrializada y castigada por los cierres en la minería del carbón. Doce años y 15 millones de dinero público después, Vestas pone aprueba en León la eficacia de un Gobierno que apuesta por las energías renovables y la transición energética.

Para la ministra Teresa Ribera, el cierre de la fábrica de Villadangos del Páramo es una piedra de toque. Servirá para comprobar la efectividad de las medidas que prepara. Probablemente, será el primer asunto en el que aplicar la denominada Estrategia de Transición Justa que prepara el ministerio; un plan para facilitar la transición energética sin dejar atrás a las comarcas afectadas en el proceso, como las leonesas, y aplicando las directrices aprobadas por los expertos de la Organización Internacional del Trabajo.

Medidas de protección social

Entre esas directrices, destacan la adopción de medidas de protección social y apoyo para las empresas y los trabajadores de sectores perjudicados por la transición al desarrollo sostenible; aprobar disposiciones relativas a una transición justa en las agendas de todos los ministerios competentes en lugar de asignarlas a uno solo, y buscar el consenso social mediante el diálogo con todos los agentes sociales.

El cierre de Vestas, y el anunciado de Isowat Made en Valladolid, suponen un golpe a la política "verde" por la que dice apostar el Gobierno. El parón que el anterior Gobierno aplicó a las renovables durante cinco años ha provocado que  España llegue muy justa -si llega- para cumplir con los objetivos de la UE para 2020 en materia de renovables: 20% de energía de fuentes renovables en el año 2020.

La moratoria obligó a convocar a toda prisa subastas en los años 2016 y 2017 para cumplir. España tiene que instalar sí o sí los 8.700 MW subastados en las tres convocatorias de 2016 y 2017. Cualquier contratiempo -y el cierre de empresas del sector lo es- puede comprometer el objetivo final.