LA FUNDACIÓN TORO DE LIDIA RECUERDA QUE LA LEY OBLIGA TAMBIÉN A LOS AYUNTAMIENTOS ‘ANTIS’ A DEFENDER LA TAUROMAQUIA

- Dice que los taurinos "no tienen que demostrar nada" y que son los políticos los que tienen que cumplir la ley. El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Carlos Núñez, dijo este lunes que la ley obliga "a proteger, defender y a promover la tauromaquia”, también en los ayuntamientos de poblaciones tradicionalmente taurinas cuyos ayuntamientos se declaran antitaurinos tras la entrada de los equipos de gobierno de las confluencias de Podemos. Es el caso de Madrid, Valencia, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, entre otras ciudades.
Núñez hizo estas declaraciones a Servimedia en el marco de la multitudinaria manifestación protaurina que tuvo lugar este domingo en Valencia, convocada para defender los derechos que recoge la ley.
“Nosotros no tenemos que demostrar nada, simplemente exigir a los políticos que cumplan la ley y que escuchen a la ciudadanía, tras el carácter eminentemente popular, en el mejor sentido de la palabra, que tuvo la manifestación de este domingo. No necesitamos hacer más manifestaciones. Lo que recordamos son las obligaciones que tienen nuestros políticos por ley”, sentenció.
La fundación espera que tanto políticos como el Tribunal Constitucional “y todos aquellos organismos de los que dependemos” se pronuncien con “claridad”. Respecto a volver a convocar manifestaciones como la de Valencia, impulsada por la federación de peñas valencianas y de festejos populares, subrayó que “se harán las que se tengan que hacer, pero qué mayor manifestación diaria de 24.000 personas” que llenen a diario durante la Feria de San Isidro la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.
“Sabemos la fuerza que tenemos, del arraigo popular. La última encuesta del Ministerio de Cultura, reflejaba que uno de cinco españoles ama la tauromaquia o la ve con simpatía, entre el 16 y el 22 por ciento de la ciudadanía”, recordó.
DEFENSA DE LA FAMILIA TAURINA
La Fundación Toro de Lidia, que aglutina a las principales asociaciones del orbe taurino, está estudiando diversas iniciativas en defensa de los aficionados y profesionales.
Lo hace desde principio de año en colaboración con el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que está “acometiendo todas las posibilidades de acciones jurídicas para organismos públicos que contravienen nuestro Estado de Derecho, es decir que van contra la ley 18/2013, no permitiendo o impidiendo ese libre ejercicio o incluso yendo en contra de la obligación de fomentar y defender la tauromaquia, así como de aquellas agresiones verbales, calumnias e injurias que se cometen contra la gente que defiende la tauromaquia, y especialmente los profesionales”. “No vamos a permitir que se produzca ni una más”, aseveró.
Por ello, Núñez recorcó que “la gran familia taurina” tiene a su disposición la fundación para defenderse jurídicamente de los ataques que sufran sus miembros “en cualquier parte del país”, casos que quedarán recogidos en una memoria que se hará pública en breve.