La Rioja incorpora las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en transparencia

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha recordado que "la transparencia es mucho más que un cambio de cultura: es un derecho de los ciudadanos" y ha asegurado que "es la vía que nos puede llevar a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y a construir una sociedad más democrática y participativa".

Según ha explicado Martínez Arregui, en su escrito, la Defensora del Pueblo advierte de que "la transparencia de la administración en su relación con el ciudadano es algo más que proporcionar la información debida desde organismos que se financian con presupuestos, gestionan bienes o prestan servicios públicos".

Ha recordado que Soledad Becerril indicaba que, "la información debida tiene, además, que ser clara, precisa y comprensible. No solo consiste en el buen uso de la lengua, sino en transmitir la información de manera clara, sencilla y procurar la concreción en la respuesta". "Ello es la transparencia obligada", precisa.

Tras dar cuenta de un cuestionario sobre transparencia difundido en la propia web de la institución, cuyos resultados ponen de manifiesto la perspectiva de los ciudadanos de que las administraciones "tardan meses en responder y la información recibida es difícil de entender", Soledad Becerril realiza una serie de consideraciones al respecto.

Para empezar, señala que "transparencia no consiste solamente en la publicación de información económica, presupuestaria y sobre la estructura de las instituciones". "Además -advierte la Defensora del Pueblo-, la transparencia supone dar cuenta de los actos, tramitación y procedimientos administrativos realizados".

Asimismo, comenta que "las comunicaciones escritas de la administración pueden producir importantes efectos y constituir testimonios de gran trascendencia para los ciudadanos", por lo que a continuación asevera que "las comunicaciones de las administraciones deben estar escritas en un lenguaje de fácil comprensión para todos". "No deben ser dirigidas a personas con una alta especialización, salvo excepciones que así lo requieran. Todos los ciudadanos deben poder entenderlas", matiza Becerril.

Del mismo modo, considera que "el uso de las nuevas tecnologías no debe impedir, cuando así se desee, la comunicación por otros procedimientos para todas las personas que así lo soliciten".

PETICIONES DE INFORMACIÓN

A la vista de este escrito de la Defensora del Pueblo, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy instar a los órganos de la administración general de la comunidad autónoma y a su sector público a responder con celeridad a las peticiones de información y consultas de los ciudadanos. Además, les conmina a usar un lenguaje comprensible en sus escritos.

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha decidido hacer públicas las recomendaciones de la Defensora del Pueblo e instar al personal de la Administración a poner en marcha cuantas actuaciones sean precisas para llevarlas a cabo. Por último, se ha decidido dar traslado de los acuerdos adoptados esta mañana a la Defensora del Pueblo.