Becerril comparecerá en el Congreso para opinar sobre la ley de Transparencia

Madrid, 30 mar.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, comparecerá el próximo 10 de abril en el Congreso para dar su opinión sobre el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Esta será una de las últimas comparecencias ante la comisión Constitucional de la Cámara Baja, que está recabando el parecer de representantes de diversas instituciones y organismos ante la tramitación parlamentaria de ese proyecto de ley.

Ese mismo día acudirá también a la comisión la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Angels Barberá, han confirmado a Efe fuentes parlamentarias, que han informado de que comparecerán asimismo el director de eldiario.es y exdirector de Público Ignacio Escolar y el corresponsal de ABC en Londres Borja Bergareche.

Escolar es también 'bloguero' y analista político en radio y televisión, mientras que Bergareche pertenece al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial.

Según el calendario acordado, el próximo 17 abril será el turno del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás; del profesor de derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, Antonio Descalzo; y del catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad del País Vasco, Daniel Innerarity.

Los testimonios de estos siete especialistas pondrán fin previsiblemente a la fase de recabar las opiniones de expertos que empezó hace dos meses en la Comisión Constitucional del Congreso.

Hasta el momento trece representantes de asociaciones profesionales, catedráticos, activistas de la transparencia y miembros de organizaciones sociales han dado su parecer y han realizado aportaciones, como la aceptada por el Gobierno de ampliar el ámbito de aplicación de la ley a los partidos políticos.

Entre las novedades de la futura ley destaca que establece un amplio catálogo de principios éticos y más de una treintena de infracciones, con sus correspondientes sanciones, de aplicación a los miembros del gobierno, secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración del Estado y el sector público estatal.

El texto prevé sanciones como la destitución, la no percepción de la pensión indemnizatoria y la inhabilitación para los altos cargos que utilicen su puesto para obtener beneficio indebido para sí o para otro.

Las mismas consecuencias jurídicas recoge para casos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento injustificado de la obligación de rendir cuentas, entre otros.

Para evaluar el cumplimiento de esas obligaciones éticas, la ley prevé crear una Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tras escuchar a los expertos -algunos de cuales han reclamado en sus comparecencias que esa oficina adscrita al Ministerio sea sustituida por un órgano evaluador independiente- está previsto que empiece en mayo el debate de las enmiendas de los grupos políticos.